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Uno de los aspectos que más preocupa a los contribuyentes es el régimen sancionatorio. La omisión en la presentación de la D-270 puede generar multas calculadas sobre los ingresos del período fiscal anterior, sujetas a los límites establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Volio afirma que, pese a las reformas fiscales implementadas en los últimos años, la recaudación no ha crecido al nivel esperado y el principal problema sigue siendo la falta de control tributario efectivo. A su criterio, las modificaciones legales no son suficientes si no están acompañadas de una administración tributaria con mayor capacidad de fiscalización, ya que la percepción de impunidad puede incentivar mayores niveles de evasión

La presentación extemporánea de la declaración informativa de precios de transferencia puede convertirse en una importante contingencia para las empresas obligadas a cumplir con esta obligación tributaria. Más allá de las sanciones económicas previstas por la normativa, el incumplimiento puede dar lugar a requerimientos de la Administración Tributaria y aumentar el riesgo durante un eventual proceso de fiscalización.

La presentación tardía de la declaración de precios de transferencia puede convertirse en un riesgo importante para los contribuyentes en este 2026. El incumplimiento de los plazos establecidos puede generar sanciones, requerimientos por parte de la Administración Tributaria y otras responsabilidades fiscales que pueden afectar a las empresas.

Las salas de lactancia continúan siendo un tema de gran interés para los empleadores en este 2026, especialmente ante las dudas sobre su implementación, requisitos y cumplimiento de la normativa laboral. Conocer las obligaciones y mejores prácticas es fundamental para evitar incumplimientos y garantizar un entorno adecuado para las personas trabajadoras.

La presentación incorrecta de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia puede exponer a las empresas a importantes sanciones económicas y contingencias tributarias, especialmente cuando se omite la elaboración previa del estudio técnico que respalda la información declarada.

Con la entrada en vigencia de la nueva reforma en la legislación sobre lactancia materna, se registraron cambios significativos en los derechos de lactancia en el trabajo y obligó a las organizaciones a replantear espacios, tiempos y políticas internas para su debido cumplimiento.

Las sociedades inactivas, las asociaciones solidaristas y las organizaciones sin fines de lucro tienen importantes obligaciones tributarias que cumplir a más tardar el próximo 30 de abril.

Las personas y empresas que realizan actividades lucrativas en Costa Rica deben cumplir cada año con la declaración del impuesto sobre las utilidades. Este trámite corresponde al período fiscal anterior y su incumplimiento puede generar sanciones económicas.

¿Siente que los impuestos están frenando el crecimiento de su negocio? No permita que la falta de información le haga pagar de más o arriesgarse a sanciones.

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica recuerda que durante los primeros 30 días naturales de enero, las sociedades mercantiles, sucursales de sociedades extranjeras, sus representantes legales y las empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas en el Registro Nacional deben cancelar el Impuesto a las Personas Jurídicas (IPJ).

Durante los primeros 30 días naturales de enero, las sociedades mercantiles, sucursales de sociedades extranjeras, sus representantes legales y las empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, deben cancelar el Impuesto a las Personas Jurídicas (IPJ), conocido como el “Impuesto a las Sociedades”.

El Ministerio de Hacienda señaló que mantendrá las acciones conjuntas entre las direcciones de ingresos para disminuir la evasión por incumplimiento y la elusión por espacios permisivos en la legislación, que terminan favoreciendo a personas y empresas, tal es el caso del mal uso de las exoneraciones (ingresos no percibidos por tratamientos fiscales preferenciales con el fin de apoyar o promover determinadas actividades, sectores, regiones o grupos de personas).

Una recaudación efectiva cercana a los ¢128 mil millones producto del cobro administrativo y judicial, así como un monto superior a los ¢44 mil millones en proceso de recuperación, por determinaciones de impuestos dejados de pagar al fisco, son algunos resultados de las acciones que realizaron las direcciones del Área de Ingresos del Ministerio de Hacienda, entre enero y setiembre 2025, informó la cartera tributaria.

Lo más cercano a una estimación es el estudio de incumplimiento tributario que presentó la autoridad fiscal en 2023 y que refleja datos del 2021.

Es importante tomar acción desde ahora. El incumplimiento o la presentación tardía de la declaración informativa puede acarrear sanciones económicas significativas, que van desde ¢1.386.600 hasta ¢46.220.000, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

El Ministerio de Hacienda descartó la posibilidad de cobrar impuestos a las transacciones que se realicen por medio de la plataforma Sinpe.

Los contribuyentes no tienen claridad cuáles son las sanciones por el incumplimiento en materia de precios de transferencia. Estaremos aclarando cuáles son las sanciones aplicables en Costa Rica.

Raymundo Volio, abogado experto en impuestos de Actualidad Tributaria, hace un llamado a las empresas y contribuyentes independientes para que traten de estar al día con sus asignaciones ante el Ministerio de Hacienda y regularizar su situación fiscal cuanto antes, para evitar afectaciones operativas o incumplimientos que luego podría transformarse en sanciones.

Por incumplir con sus obligaciones tributarias, de enero a mayo 54 negocios fueron sancionados por la Dirección General de Tributación, con el cierre del establecimiento por cinco días naturales. De este grupo, 12 corresponden al mes de mayo, uno de ellos calificado como gran contribuyente nacional.

El gobierno de la República hizo hoy un nuevo llamado de atención sobre dos grandes retos fiscales que enfrenta el país: la evasión fiscal y el alto gasto tributario, cuyos controles podrían ser más efectivos, de contarse con nuevas herramientas legales y mayor celeridad en la resolución de denuncias penales.

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica recordó que el 30 de abril es la fecha límite para la presentación de la declaración anual ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), tanto para personas jurídicas activas como inactivas.

Sabía usted que incumplir con la declaración de beneficiario final, la declaración de sociedad inactiva, el no pago de impuestos a las sociedades, estar moroso con la CCSS, entre otros aspectos, impiden que las sociedades puedan realizar movimientos registrales e incluso pedir personerías jurídicas?

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recuperó hasta finales del mes de enero ¢31.983 millones por concepto de condonación de multas, intereses y recargos a patronos y trabajadores independientes.

Hay un viejo dicho que reza que solo hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y pagar impuestos. Se trata de una frase que se le atribuye al célebre político, científico e inventor estadounidense, Benjamin Franklin —el mismo que aparece en los billetes de $100—, y que luego ha sido repetida por ministros de Hacienda, encargados de tributación y contribuyentes dentro de todo tipo de conversaciones, muchas en tono de resignación

Acciones de fiscalización sobre una empresa importadora de marcas reconocidas, realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas, en el segundo semestre de este año, han permitido recuperar más de ¢300 millones, por ajustes en el pago de cánones y derechos de licencia.

La Dirección General de Tributación (DGT) intensifica su lucha contra la evasión fiscal con un operativo que abarcó 450 comercios en distintas regiones del país, incluyendo bares, supermercados, tiendas outlet y establecimientos ubicados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda ha cerrado este año 101 negocios en diferentes lugares del país por incumplimientos en la presentación de las declaraciones o en el pago de impuestos, o por la reincidencia en la no emisión de comprobante de pago.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, ordenó al Ministerio de Hacienda girar la totalidad de fondos que le corresponden al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), tras constatar un incumplimiento del monto mínimo que se le debe asignar a ese fondo, que constituye el principal instrumento financiero de la política social selectiva del país

Este jueves 27, el Ministerio de Hacienda notificó el cambio del plazo para presentar la declaración ordinaria del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), siendo ahora el periodo habilitado entre el 1 y el 31 de octubre de este año.