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La austeridad fiscal “ortodoxa” aplicada actualmente en Costa Rica compromete los objetivos de desarrollo humano y no ha logrado garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, señaló que “la reciente mejora en la calificación y perspectiva crediticia por parte de las agencias calificadoras de riesgo Moody´s y S&P Global Ratings, respectivamente, nos dice que el esfuerzo que estamos haciendo como país rinde buenos frutos”.

Las grandes empresas con ingresos anuales superiores a unos $800 millones aproximadamente y que tienen sedes en Costa Rica tendrían que pagar el impuesto mínimo global.

El Ministerio de Hacienda confirmó un deterioro en las cifras fiscales en la actualización con corte a agosto del 2024. Según esta, el déficit fiscal está subiendo como consecuencia del aumento en los gastos y los intereses de la deuda pública, al tiempo que se desacelera la recaudación de impuestos.

Gracias a la disciplina fiscal para recortar el gasto público, el cambio de deuda cara por deuda con mejores condiciones y el cobro del impuesto al valor agregado, el gobierno de Rodrigo Chaves disfruta de las mejores cifras fiscales de los últimos 3 años al excluir el pago de los intereses de la deuda.

En los últimos años, el Ministerio de Hacienda ha publicado las listas de grandes contribuyentes que declararon “cero ganancias” en el impuesto sobre la renta o el impuesto a las utilidades, las cuales se encuentran disponibles al público general en su página web.

La captación de impuestos del Gobierno en 2025 crecerá en términos absolutos por un monto de ¢371.409 millones. Sin embargo, la carga tributaria, indicador que muestra la relación entre la recaudación y el producto interno bruto (PIB), tendrá un retroceso, ubicándose en el nivel más bajo desde 2021.

El proyecto de presupuesto ordinario del Gobierno Central para 2025, que el Ministerio de Hacienda entregará a la Asamblea Legislativa en los próximos días, aplicará la regla fiscal con un límite máximo del 3,75% en el crecimiento del gasto total del Sector Público No Financiero (SPNF), según confirmó la entidad. Este límite es superior al 3,53% aplicado en el presupuesto de 2024.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez Siles, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.515) para excluir los gastos e inversiones del Poder Judicial del límite de crecimiento que establece la regla fiscal, introducida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).

Para el especialista tributario Raymundo Volio, uno de los principales cambios es que todas las mipymes podrían ingresar al régimen simplificado. En la actualidad solo pueden acceder 22 tipos de microempresas, entre ellas las dedicadas a servicios de alimentación, taxis, reparación y creación de ropa, agro y otras.

Los diputados aprobaron en segundo debate el expediente 23.197, una propuesta que busca dar incentivos a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que se beneficiarán con nuevos instrumentos para apoyar sus procesos de formalización, el fortalecimiento del talento de sus colaboradores, y el impulso de sus procesos de innovación y encadenamiento

El Ministerio de Hacienda informó este lunes que al cierre de junio de 2024, Costa Rica registró un déficit fiscal del 1,5% del PIB, debido principalmente a un incremento en los pagos de intereses de la deuda, los cuales alcanzaron ¢1.16 billones, equivalentes al 2,4% del PIB. Este aumento representa un crecimiento interanual del 10,4%, el nivel más alto en los últimos 19 años

El Gobierno incumpliría la meta de regla fiscal, una norma creada por la Asamblea Legislativa en 2018 para limitar el crecimiento del gasto público, en el presupuesto de 2026, según el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que Costa Rica tiene espacio para aumentar la recaudación tributaria, razón por la cual el organismo hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que se abstenga de aprobar leyes que reduzcan los ingresos fiscales.

Uno de los factores de mayor peso en la insuficiencia de ingresos fiscales en América Latina es el gasto tributario, es decir, las exoneraciones a grupos económicos específicos, deducciones, créditos o tasas reducidas que reciben algunos sectores, el cual, en promedio, es del 3,7% del PIB, pese a que hay diferencias entre los países de la región; por ejemplo, para Honduras es del 6,7% del PIB, mientras que para Paraguay es del 1,4%.

Así lo establece el Informe de Gasto Tributario del Gobierno en 2022, publicado por el Ministerio de Hacienda el pasado 19 de abril. Este gasto se entiende como los ingresos que el gobierno deja de recibir debido a exenciones, deducciones o tratamientos fiscales especiales otorgados a ciertos grupos o sectores. Por ejemplo, el dinero que Hacienda no recibe por las exoneraciones al régimen de zonas francas

Los primeros cinco meses del año muestran un deterioro en los indicadores fiscales del Gobierno que enciende las alertas entre economistas.

El Ministerio de Hacienda reportó este martes un déficit fiscal del 1.3% del PIB al cierre de mayo, impulsado principalmente por el aumento en los pagos de intereses de la deuda, que ascendieron a ¢978.738 millones. Este monto representa el 2.0% del PIB y mostró un incremento interanual del 9.6%.

El déficit fiscal del Gobierno (diferencia entre ingresos y gastos) podría ser mayor que el año anterior al cierre de 2024, debido a una serie de factores, y esto estrujaría más las posibilidades de que el país disponga de más recursos a mediano plazo para inversión social o infraestructura pública.

La declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) puede ser un verdadero dolor de cabeza para las empresas. Lo peor de todo, es que la confusión y el estrés que genera el pago de impuesto puede traducirse en multas económicas y otro tipo de sanciones y afectaciones, como por ejemplo la afectación en el flujo de caja y cierres temporales del negocio.