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Sinpe Móvil movilizó más de ¢9,8 billones entre enero y septiembre de 2026, mediante 581.791.655 transacciones, según las estadísticas del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Así lo reconoce Luis Javier Porras, presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, al referirse a un plan que impulsa el Ministerio de Hacienda para que se registren ante la Administración Tributaria los números de teléfono utilizados para realizar transacciones mediante Sinpe Móvil en actividades económicas.

La sanción prevista por el gobierno en caso de incumplimiento asciende a un mínimo de ¢1,3 millones, un monto que el Colegio de Contadores Públicos considera desproporcionado.

Según estadísticas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) citadas en el decreto, al cierre de mayo de 2026 existían 4,8 millones de suscripciones activas de teléfonos a esa plataforma. En 2025, las transacciones por esta vía sumaron ¢12,5 billones.

Los trabajadores independientes y otras personas físicas con actividades lucrativas representan otra base del impuesto sobre la renta que no consiguió crecer durante los últimos cinco años. Al contrario, Hacienda registra actualmente menos contribuyentes que al inicio del lustro y también recibe menos dinero de ellos en términos reales.

El Ministerio de Hacienda propuso ampliar la base de contribuyentes que pagan el impuesto sobre las rentas pasivas obtenidas en el extranjero, lo que incluiría los intereses generados por inversiones en el exterior de los bancos, aseguradoras, fondos de inversión y personas físicas y jurídicas.

Costa Rica busca profundizar su relación con Estados Unidos en áreas estratégicas como seguridad, migración y economía, tras una serie de encuentros de alto nivel desarrollados esta semana en Washington D. C.

Contar con la condición PYME no solo permite identificar formalmente a una empresa dentro de esta categoría; también puede abrirle la puerta a programas de financiamiento, capacitación, compras públicas y distintos beneficios económicos. Sin embargo, ser PYME y estar formalmente inscrito como PYME son dos situaciones diferentes.

La Dirección de Contratación Pública (DCoP) del Ministerio de Hacienda, puso a disposición la nueva “Guía básica para convertirse en proveedor del Estado: Formalización, registro PYME y participación en compras públicas”, con el fin de orientar a personas emprendedoras, pequeñas y medianas empresas interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de compras públicas.

Mientras en el mismo periodo de 2025 los ingresos tributarios crecieron 1,3%, este año registraron una contracción de 0,5%, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda.

Así lo informó después de que la Dirección General de Tributación de Hacienda puso en consulta pública dos proyectos que establecen la obligación de que los contadores y asesores fiscales consignen sus datos identificativos (nombre, número de identificación y carné de agremiado) en las declaraciones tributarias que elabore

Raymundo Volio, de Actualidad Tributaria, señala que la medida está pensada para los contribuyentes formales y duda de su impacto en la recaudación. “Esta medida está pensada para contribuyentes formales que realizan actividades lucrativas y lo que se haría es incluir un dato para mejorar el control tributario. El problema del SINPE son las transacciones ocultas u omisas, y estas pueden originarse en personas que no están inscritas en Hacienda, en cuyo caso la medida no resolvería en nada ese conflicto”, indicó.

Volio afirma que, pese a las reformas fiscales implementadas en los últimos años, la recaudación no ha crecido al nivel esperado y el principal problema sigue siendo la falta de control tributario efectivo. A su criterio, las modificaciones legales no son suficientes si no están acompañadas de una administración tributaria con mayor capacidad de fiscalización, ya que la percepción de impunidad puede incentivar mayores niveles de evasión

Para el Colegio, la medida contribuiría a reducir la competencia desleal entre pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, considera que fortalecería la trazabilidad de las transacciones comerciales realizadas mediante Sinpe Móvil y otros medios de pago.

Los ingresos por el pago del impuesto al valor agregado (IVA) a nivel interno se redujeron en ¢13.975 millones en el primer trimestre del 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El Ministerio de Hacienda puso a disposición para consulta pública el proyecto de reforma reglamentaria “ADICIÓN AL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, DECRETO EJECUTIVO N. 38277-H DEL 07 DE MARZO DE 2014, mediante el cual, se establece la obligación a los contribuyentes de registrar el número o números de teléfono vinculado(s) a la actividad económica afecta al pago de impuestos, por los cuales se reciben pagos a través de la plataforma SINPE Móvil del Banco Central de Costa Rica u otras aplicaciones tecnológicas con características similares autorizadas por las entidades competentes.

La apreciación del colón, la disminución de las exportaciones de dispositivos médicos y la salida de empresas frenaron el crecimiento de las zonas francas durante los primeros cuatro meses de este año.

El análisis trimestral de la economía, correspondiente al primer trimestre de 2026 y que incluye proyecciones para el segundo trimestre y el cierre del año, destaca una desaceleración significativa del crecimiento económico, impulsada por un entorno menos dinámico tanto a nivel interno como externo.

El crédito al sector privado creció un 4,0% interanual al cierre del primer trimestre de este año. Según información del Banco Central de Costa Rica (BCCR), su ritmo de crecimiento, tanto en colones como en dólares, se desaceleró en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando registró un aumento del 7,0%.

“Las sociedades en Costa Rica siempre serán contribuyentes. Hoy nos enfrentamos a la primera declaración de inactivas en la plataforma de TRIBU-CR. Por eso, insisto en que debe presentarse con tiempo de antelación a la fecha límite para evitar errores o toparse con inconsistencias del sistema y, si lo amerita, poder contactar a algún profesional para obtener asesoría”, dijo Raymundo Volio, abogado experto en impuestos de Actualidad Tributaria.

Las sociedades inactivas, las asociaciones solidaristas y las organizaciones sin fines de lucro tienen importantes obligaciones tributarias que cumplir a más tardar el próximo 30 de abril.

La recaudación del impuesto sobre el valor agregado (IVA) en Costa Rica tuvo en el 2025 su primera caída en la última década. Además, fue el primer retroceso registrado desde que el viejo tributo de ventas se convirtió en el IVA, en 2019.

Las personas y empresas que realizan actividades lucrativas en Costa Rica deben cumplir cada año con la declaración del impuesto sobre las utilidades. Este trámite corresponde al período fiscal anterior y su incumplimiento puede generar sanciones económicas.

Todas las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las personas que brindan servicios profesionales en Costa Rica, en diversas actividades económicas, deben atender una serie de obligaciones en varios ámbitos.

El consumo de los hogares costarricenses crecería durante 2026, según estimaciones recientes realizadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Sin embargo, esto no beneficiaría a todas las familias.

El crédito al sector privado desaceleró su crecimiento al cierre del año pasado, según datos recientes del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La economía nacional operaría bajo un escenario más flexible de la regla fiscal, según el más reciente Informe de Perspectivas Económicas 2026–2027 del Grupo Financiero Mercado de Valores.

Según explicó Raymundo Volio, abogado experto en impuestos de la firma Actualidad Tributaria, este cambio obliga a contribuyentes y contadores a revisar periódicamente su perfil en la plataforma. “Ya no se trata solo de presentar formularios. Es el sistema el que determina qué debe declarar cada persona o empresa, y cualquier omisión puede generar alertas automáticas”, advirtió Volio.

Quien asuma las riendas del país a partir del 8 de mayo deberá sortear una serie de desafíos económicos ante un panorama donde la incertidumbre prevalece, las amenazas de desaceleración están latentes y en un entorno internacional donde las reglas cambian con mayor frecuencias y profundidad.