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El presidente de la Comisión de Hacendarios y jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, llevó al límite la discusión de las mociones sobre el Presupuesto Nacional 2027, este lunes por la noche, para revertir el error de una de sus diputadas y aprobar la moción 16 que recortaría ¢8.048 millones a las universidades públicas en el presupuesto del 2027.

La resolución determinó que Hacienda dejó sin contestar lo relacionado con evaluaciones de impacto en la protección de datos personales y posibles coordinaciones con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).

Según el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los estados financieros consolidados de 2025, emitido el 28 de agosto de 2026, al corte del 6 de octubre del año pasado, la migración al nuevo sistema TRIBU-CR registró saldos a favor habilitados para su utilización por ¢1.117.898 millones.

Para el próximo año, cuatro de cada diez colones que gaste el Gobierno Central se usarán para pagar la deuda pública y sus intereses.

Durante la presentación del Presupuesto Nacional 2027, el ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, cuestionó la relación entre el gasto público, los impuestos que pagan los costarricenses y la calidad de los servicios que reciben.

El presupuesto nacional del próximo año, que asciende a ¢12,4 billones, se financiará mayoritariamente con ingresos provenientes de la recaudación de impuestos.

El Poder Judicial informó que el Ministerio de Hacienda revirtió la decisión de aplicarle un recorte de ¢3.053 millones correspondiente al presupuesto institucional de 2026. Ese monto correspondía al 10% de las cuotas trimestrales de la segunda mitad del año, que el pasado 13 de julio Hacienda anunció que retendría, además del recorte de ¢13.220 millones que la Corte Plena acordó ceder tras la solicitud de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda estima que durante 2026 recaudará ¢373.390,8 millones menos de lo presupuestado para este año. La información consta en un oficio enviado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, al director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar.

La diputada de Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo, advirtió a los pequeños, medianos y grandes comerciantes sobre presuntos cobros de más realizados por el sistema Tribu-CR, luego de que el Ministerio de Hacienda reconociera que se cobraron ¢1.681,6 millones en exceso a ciudadanos y empresas.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, aseveró que la evasión fiscal está creciendo en Costa Rica y apunta a una posible causa. Lo dijo en momentos en que el Ministerio de Hacienda pronosticó una severa caída en la recaudación de impuestos del 2026, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al país a aplicar reformas para incrementar los recursos públicos.

La Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) expresó su rechazo al proyecto de ley expediente 24.738, que propone crear un nuevo impuesto de 0,6% sobre las primas de seguros para financiar redes de monitoreo geodinámico y meteorológico.

El depósito del pago correspondiente a abril para más de 60.000 pensionados y jubilados, a cargo del Ministerio de Hacienda, sufrió un retraso y ahora está previsto para la noche de este lunes.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, condenó al Estado por la omisión del Ministerio de Hacienda de girar a las universidades públicas la totalidad de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del año 2025, según el monto que había sido definido por la Asamblea Legislativa.

La Superintendencia General de Seguros (Sugese) cuestionó una iniciativa de ley que propone crear un nuevo impuesto a las primas lo cual encarecería los seguros y los créditos. El objetivo del tributo es financiar las redes de monitoreo sísmico y meteorológico del país.

Este documento puede consultarse en la página web institucional www.hacienda.go.cr e incluye un análisis detallado de los resultados físicos y financieros alcanzados por cada entidad, programa y subprograma, así como su vinculación con el presupuesto asignado para cumplir con su misión, brindar bienes y servicios públicos, atender las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública.

El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) alertó sobre un deterioro sostenido de los ingresos tributarios en Costa Rica, situación que ya afecta el resultado fiscal del país y reduce el margen del Estado para atender demandas en áreas como seguridad, educación e infraestructura

Un estudio del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (OES-UNA) determinó los ganadores con la caída del tipo de cambio.

Dos recientes oficios advierten atrasos en la implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera y Talento Humano (CR-TEZA), otro componente del proyecto Hacienda Digital, que se utilizará para la formulación del Presupuesto Nacional, entre otras funciones.

El Ministerio de Hacienda anunció que el próximo viernes 5 de diciembre pagará ¢249.836 millones por concepto de aguinaldo a un total de 232.642 personas, entre funcionarios activos del Gobierno Central y pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.

El Partido Liberación Nacional (PLN) advirtió que no respaldará ninguna iniciativa de la administración del gobierno de Rodrigo Chaves que pretenda cobrar impuesto de renta al aguinaldo o al salario escolar.

El presupuesto nacional para 2026 consolida el estancamiento de los ingresos corrientes del Gobierno, principalmente por la reducción de la carga tributaria, lo que se explica, en parte, por la dualidad de la economía costarricense.

El financiamiento para la seguridad pública en Costa Rica encuentra una fuente clave en el Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley 9.428). Entre 2020 y 2024, el tributo recaudado permitió trasladar alrededor de ¢86.000 millones al sector.

En medio de estimaciones que reflejan una carga tributaria estancada en relación con la producción del país y un mayor uso del endeudamiento interno en los próximos años, el gobierno anticipa un deterioro de las finanzas públicas respecto a sus previsiones del año anterior.

Datos del INEC muestran que la variación del Índice de Precios al Consumidor tuvo un muy ligero aumento de mayo a junio, pero la acumulada en lo que va del año es de -0,83%. Ello puede mover la línea de pobreza y con ello limitar acceso a subsidios, becas y demás.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) al concluir la consulta del Artículo IV para Costa Rica advirtió al ministerio de Hacienda, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a la Asamblea Legislativa que deben aclarar los montos que le corresponde pagar al gobierno de la deuda con la seguridad social.

Una serie de proyectos de ley que pretenden imponer nuevas cargas fiscales sobre las primas de seguros es una amenaza a la accesibilidad de estos servicios, según representantes del sector asegurador.

Los $1.500 millones de la línea de crédito flexible (LCF) solicitados al Fondo Monetario Internacional (FMI) constituyen un préstamo para el Gobierno y no están dirigidos al Banco Central de Costa Rica (BCCR), pese a que el instrumento está diseñado para atender riesgos potenciales de balanza de pagos.

Este mes, el Ministerio de Hacienda puso a disposición de la ciudadanía los resultados de la evaluación del presupuesto nacional 2024, en su página web www.hacienda.go.cr .

La Asamblea Legislativa aprobó, el año pasado, un aumento de 2% para el FEES de 2025, luego que las negociaciones entre el Gobierno y las universidades fracasaran.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, informó que todos los recursos que la Asamblea Legislativa trasladó de la partida de intereses de la deuda a diversas instituciones públicas en el presupuesto 2025 se encuentran congelados, por considerar que existe incertidumbre en el comportamiento de las variables económicas que influyen en el pago de intereses, tales como el tipo de cambio y tasa de interés.