El presupuesto del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá un faltante de ¢55.000 millones para el año 2025 correspondiente a ingresos por transferencias del Estado.
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El objetivo del Gobierno era que la deuda de Costa Rica fuera menor al 60% del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre del año 2025. Sin embargo, las condiciones de la economía costarricense han cambiado y ahora será hasta el 2026.
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El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica advirtió a los contribuyentes que la Administración Tributaria está vigilando el uso correcto de los comprobantes electrónicos para identificar las facturas falsas que se están moviendo en el comercio, como parte de su plan de fiscalización.
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Gracias a la disciplina fiscal para recortar el gasto público, el cambio de deuda cara por deuda con mejores condiciones y el cobro del impuesto al valor agregado, el gobierno de Rodrigo Chaves disfruta de las mejores cifras fiscales de los últimos 3 años al excluir el pago de los intereses de la deuda.
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El gasto total y corriente del Gobierno no podrá crecer más de un 3,75% el próximo año, según lo establece la regla fiscal para el presupuesto nacional de 2025.
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El proyecto de presupuesto ordinario del Gobierno Central para 2025, que el Ministerio de Hacienda entregará a la Asamblea Legislativa en los próximos días, aplicará la regla fiscal con un límite máximo del 3,75% en el crecimiento del gasto total del Sector Público No Financiero (SPNF), según confirmó la entidad. Este límite es superior al 3,53% aplicado en el presupuesto de 2024.
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El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez Siles, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.515) para excluir los gastos e inversiones del Poder Judicial del límite de crecimiento que establece la regla fiscal, introducida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).
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El Gobierno incumpliría la meta de regla fiscal, una norma creada por la Asamblea Legislativa en 2018 para limitar el crecimiento del gasto público, en el presupuesto de 2026, según el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).
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El gobierno de Costa Rica mantiene el freno puesto sobre la decisión de aplicar en el país el impuesto mínimo global (IMG) del 15% para las empresas multinacionales, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este tributo afecta a compañías con ingresos consolidados brutos por 750 millones de euros anuales ($813 millones al tipo de cambio actual).
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La solicitud de una modificiación en el cálculo del presupuesto del Colegio Universitario de Cartago (CUC) permitió evidenciar al ministro de Hacienda Nogui Acosta su rechazo blindado a la posibilidad de realizar ajustes en torno a la regla fiscal; en este caso, cerrando la puerta a un ajuste solicitado por esa institución educativa para mantener el financiamiento de dos carreras recién abiertas, Big Data y Gestión de Calidad.
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El país alcanzó en este mes un superávit primario de 0,7% del Producto Interno Bruto y redujo la deuda como porcentaje del PIB al 58% lo que evidencia cifras fiscales positivas.
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El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica hizo un llamado a los diputados y al Ministerio de Hacienda para que se genere el marco legal para la implementación del Impuesto Mínimo Global (IMG), con el fin de promover la equidad fiscal y combatir la evasión.
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El Gobierno de Costa Rica aún no define una propuesta para la implementación del impuesto mínimo global (IMG) en Costa Rica, iniciativa que ya entró en vigencia en algunas jurisdicciones de la Unión Europea y cuyo cobro comenzará en julio del 2026. Autoridades en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) manifestaron que evalúan cómo se adopta el impuesto en otros países para luego aplicar “posibles ajustes” a la normativa costarricense.
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Unas finanzas públicas saludables son la base sobre la cual se construye la estabilidad económica y la confianza de ciudadanos e inversores internacionales, por lo que al final del día, unas finanzas públicas sanas permitirán una mayor inversión en servicios públicos esenciales como salud, infraestructura, educación y seguridad, dijo el presidente Rodrigo Chaves.
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El Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica crecerá un 3,6% este 2024, según el cálculo hecho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). De esta forma, el país es el que tendrá el mayor crecimiento entre los miembros de este grupo.
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Pese a que la producción en Costa Rica tiene un crecimiento mensual del 3,6%, con una proyección anual del 4,4%, ésta se desacelera de forma sostenida por el peso de un débil sector construcción que ya muestra cifras negativas en su producción -un -3,1%- y producto de la poca inversión pública.
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Será la próxima administración la que sacará provecho de una regla fiscal más flexible, según los cálculos que hace el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
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La relación deuda/PIB en Costa Rica se reducirá a un 59,72% en 2024 y un 57,72% en 2025, de acuerdo con proyecciones dadas a conocer este miércoles por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).
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A veces con malicia y otras cuantas sin ella, entre corrillos políticos se sugiere que la apreciación del colón frente al dólar de los últimos meses podría beneficiar al Gobierno de la República para deshacerse de las amarras más estrictas de la regla fiscal.
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El plazo para declarar el impuesto de renta sobre utilidades correspondiente al periodo fiscal 2023 vencerá este viernes 15 de marzo, recordó el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
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