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“Acelerando la transformación a través de finanzas públicas sostenibles para la biodiversidad”, FAST, por sus siglas en inglés, es un nuevo proyecto liderado en Costa Rica por el Ministerio de Hacienda, financiado por la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del Gobierno Federal de Alemania, liderado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y co-implementado con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

“El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ¢106.000 millones menos”, explicó Fernando Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

Las reformas fiscales impulsadas por el Poder Ejecutivo tendrían un efecto en el nivel de endeudamiento del Gobierno, pero no aliviarían por completo las presiones sobre la deuda, cuya relación con el producto interno bruto (PIB) se mantendría por encima del 60%.

El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley que permitiría a la Administración Tributaria ordenar y ejecutar embargos de bienes a contribuyentes morosos sin necesidad de contar previamente con una autorización judicial. La iniciativa forma parte del plan fiscal impulsado por el gobierno para fortalecer la recaudación y mejorar las finanzas públicas.

Aunque el contenido del eventual proyecto aún no ha sido presentado ante la corriente legislativa, el panorama actual apunta a que el país enfrentará una discusión tributaria de gran relevancia durante los próximos meses, con posibles ajustes que podrían impactar tanto a empresas como a personas contribuyentes.

La regla fiscal, uno de los principales mecanismos para contener el gasto público, opera sin una fiscalización integral. Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) a la Asamblea Legislativa al señalar que, desde el 2022, no puede auditar con certeza el cumplimiento de esta norma en las instituciones del sector público, incluyendo el Gobierno Central.

Tres de las reformas fiscales planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe más reciente sobre Costa Rica coinciden con medidas impulsadas por el exmandatario Rodrigo Chaves Robles durante el segundo año de su mandato.

En sus declaraciones, el ministro deslizó de forma explícita una de las medidas más sensibles del eventual paquete: elevar el impuesto al valor agregado (IVA) que hoy pagan los bienes de consumo esencial. “Consideren ustedes subir el impuesto, el IVA a la canasta básica, consideren ustedes varias opciones”, expresó al describir el abanico de alternativas sobre la mesa.

La creciente presión sobre las finanzas públicas vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre una eventual reforma tributaria en Costa Rica.

Un análisis elaborado por especialistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda a los gobiernos enfrentar el encarecimiento de la energía y los alimentos mediante ayudas temporales y focalizadas para hogares y empresas, en lugar de recurrir al control de precios, una medida que puede resultar costosa y poco efectiva.

Un eventual incremento del 10% en el tipo de cambio del dólar respecto al colón podría llevar el endeudamiento del Gobierno hasta cerca del 70% del producto interno bruto (PIB), lo cual elevaría aún más la presión sobre las finanzas públicas prevista por el Ministerio de Hacienda para los próximos años.

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, prevé que la relación entre del endeudamiento del Gobierno y el producto interno bruto (PIB) permanezca por encima del 60% durante más de un año. Así lo señaló este lunes al presentar su informe anual de labores ante el Plenario Legislativo.

En el caso del impuesto sobre la renta (ISR), las compañías que declaran en dólares deben trasladar esos montos a colones, lo que implica menos recaudación para el Ministerio de Hacienda al efectuar la conversión de moneda. Con el impuesto sobre el valor agregado (IVA), los bienes fijados en esa divisa reducen su base imponible cuando el colón se aprecia, lo que limita la recaudación.

Al finalizar el 2025: Por cuarto año consecutivo, los ingresos totales superaron los gastos primarios. El país alcanzó un superávit primario de ¢487.920 millones (0,9% del PIB).

A partir de este 1 de noviembre, Michael Contreras Solera asume el cargo de Tesorero Nacional, tras ser nombrado por el Consejo de Gobierno por un periodo de cuatro años.

“Las decisiones fiscales del país están guiadas por la disciplina y la sostenibilidad, esto fortalece la confianza de los mercados y garantiza un futuro con finanzas públicas sólidas y resilientes. La mejor gestión del gasto, la reducción de la deuda y la generación de superávits primarios constituyen pilares fundamentales para asegurar la estabilidad económica, tal y como se evidencia en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

En medio de estimaciones que reflejan una carga tributaria estancada en relación con la producción del país y un mayor uso del endeudamiento interno en los próximos años, el gobierno anticipa un deterioro de las finanzas públicas respecto a sus previsiones del año anterior.

El Ministerio de Hacienda destacó que los ingresos totales sumaron ¢3.78 billones (7,3% del PIB), frente a un gasto primario de ¢3.27 billones (6,3% del PIB).

El Ministerio de Hacienda reportó este lunes las cifras fiscales al cierre del mes de abril de 2025, las cuales arrojan un superávit primario acumulado de 0,7% del producto interno bruto (PIB), un déficit financiero inferior, situado en 0,8% del PIB y una relación deuda/PIB de 57,4%, con tendencia a la baja e inferior en 2,3 puntos porcentuales respecto al cierre de 2024.

El decreto ejecutivo aprobado por el Ministerio de Hacienda, que estableció una reducción gradual del impuesto selectivo de consumo sobre ciertos bienes, junto con la ley que disminuyó la recaudación del impuesto sobre la renta de los trabajadores independientes, entre otros factores, impactaron negativamente las proyecciones de las finanzas públicas de Costa Rica para los próximos cinco años.

El Ministerio de Hacienda puso a disposición del público, desde este lunes, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025-2030, que abarca tanto al Gobierno Central como al Sector Público No Financiero. Este instrumento es fundamental para mejorar la transparencia y la credibilidad de la política fiscal

Las finanzas del gobierno mostraron en enero la disminución interanual de ¢16.432 millones en el déficit financiero (diferencia entre ingresos y gastos totales, incluido el pago de los intereses). El resultado negativo pasó de ¢101.244 millones, en el 2024, a ¢84.812 millones (0,2% del PIB) este año.

La agencia calificadora Fitch Ratings ha revisado la perspectiva de Costa Rica de estable a positiva, y mantuvo la calificación de la deuda soberana en BB. Esta decisión refleja el sólido crecimiento económico del país, la mejora en la posición externa y la reducción gradual de la deuda pública.

El economista y exvicepresidente de la República Luis Liberman observa un “leve deterioro” de las finanzas públicas. Mientras que el también economista José Luis Arce dice que “no le cierran” los números que demuestran la sostenibilidad fiscal de Costa Rica al largo plazo.

Costa Rica se acerca al cierre de 2024 con cifras negativas en materia fiscal. La caída en el tipo de cambio impactó a la baja la recaudación de impuestos y esto, a su vez, acrecentó el déficit financiero e impediría llevar el cálculo del endeudamiento público por debajo del 60% del Producto Interno Bruto (PIB).

La austeridad fiscal “ortodoxa” aplicada actualmente en Costa Rica compromete los objetivos de desarrollo humano y no ha logrado garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, señaló que “la reciente mejora en la calificación y perspectiva crediticia por parte de las agencias calificadoras de riesgo Moody´s y S&P Global Ratings, respectivamente, nos dice que el esfuerzo que estamos haciendo como país rinde buenos frutos”.

El objetivo del Gobierno era que la deuda de Costa Rica fuera menor al 60% del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre del año 2025. Sin embargo, las condiciones de la economía costarricense han cambiado y ahora será hasta el 2026.

El Ministerio de Hacienda cuenta, desde el 1. ° de octubre anterior, con la nueva Dirección General de Gestión de Deuda Pública que se encarga de definir los procedimientos para la negociación, contratación, renegociación y amortización del endeudamiento interno y externo del Gobierno Central

Un reconocimiento más a la estabilidad fiscal de Costa Rica se dio hoy cuando la agencia de calificación crediticia Moody's anunció la mejora de la calificación del país, al pasar de B1 a Ba3, con una perspectiva positiva