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Aunque el contenido del eventual proyecto aún no ha sido presentado ante la corriente legislativa, el panorama actual apunta a que el país enfrentará una discusión tributaria de gran relevancia durante los próximos meses, con posibles ajustes que podrían impactar tanto a empresas como a personas contribuyentes.

La reforma fiscal de impuestos continúa siendo un tema de gran relevancia para contribuyentes y empresas en este 2026, debido a los cambios y efectos que puede generar en las obligaciones tributarias y la planificación financiera. Comprender su alcance es fundamental para anticipar riesgos y adaptarse oportunamente a las nuevas disposiciones.

Eliminar la exoneración del Impuesto al Valor Agado (IVA) a los productos de la canasta básica para los hogares de mayores ingresos es una de las alternativas que el Ministerio de Hacienda analiza como parte de una eventual reforma de largo plazo al sistema de beneficios tributarios.

La regla fiscal, uno de los principales mecanismos para contener el gasto público, opera sin una fiscalización integral. Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) a la Asamblea Legislativa al señalar que, desde el 2022, no puede auditar con certeza el cumplimiento de esta norma en las instituciones del sector público, incluyendo el Gobierno Central.

El jerarca de Hacienda afirmó que la situación económica mundial y nacional requiere que el Gobierno adopte medidas para aumentar los ingresos. Estas serán entregadas en detalle a Fernández para que valore su eventual envío al Congreso.

Tres de las reformas fiscales planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe más reciente sobre Costa Rica coinciden con medidas impulsadas por el exmandatario Rodrigo Chaves Robles durante el segundo año de su mandato.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, aseveró que la evasión fiscal está creciendo en Costa Rica y apunta a una posible causa. Lo dijo en momentos en que el Ministerio de Hacienda pronosticó una severa caída en la recaudación de impuestos del 2026, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al país a aplicar reformas para incrementar los recursos públicos.

La reforma fiscal aprobada por Panamá, más conocida como “de sustancia económica”, obligará a grupos empresariales costarricenses con holdings, inversionistas o estructuras regionales en ese país a revisar sus operaciones antes de 2027 o exponerse al pago de nuevos impuestos.

La creciente presión sobre las finanzas públicas vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre una eventual reforma tributaria en Costa Rica.

Bank of America Securities considera que el gobierno de Laura Fernández mantendría la regla fiscal y tendría margen político para impulsar reformas relacionadas con la emisión de deuda externa, bajo el liderazgo del expresidente Rodrigo Chaves al frente del Ministerio de Hacienda.

La desaceleración económica y la pérdida de impulso en la recaudación tributaria comienzan a perfilar un panorama fiscal más complejo para Costa Rica, justo cuando el nuevo escenario político abre la puerta a eventuales reformas tributarias con mayoría simple en la Asamblea Legislativa.

La carga tributaria de Costa Rica tendría una tendencia a la baja en el próximo quinquenio, de acuerdo con el Marco Fiscal a Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda.

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) entregó a diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa —tanto de la Alianza Opositora como de la Fracción Oficialista una agenda de políticas públicas y reformas legislativas para el período 2026–2030, centrada en corregir distorsiones económicas que, según el organismo, afectan directamente el bienestar de la población.

La Superintendencia General de Seguros (Sugese) cuestionó una iniciativa de ley que propone crear un nuevo impuesto a las primas lo cual encarecería los seguros y los créditos. El objetivo del tributo es financiar las redes de monitoreo sísmico y meteorológico del país.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Costa Rica impulsar reformas integrales en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social y reducir los riesgos fiscales que enfrenta el país.

El jerarca fue enfático en que, desde la perspectiva fiscal y macroeconómica, la liberación de esos fondos tendría efectos negativos sobre las tasas de interés, los hogares y el costo de financiamiento del Estado.

El gasto público se mantiene controlado y la razón deuda/PIB continúa por debajo del 60% (lo que permite un escenario más conveniente de la regla fiscal), pero los ingresos tributarios avanzan con menor fuerza, pues apenas crecieron un poco más del 2% acumulado a setiembre, en comparación con el mismo período del año pasado.

La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó este miércoles dos de las tres reformas legales propuestas por el Poder Ejecutivo para ajustar el funcionamiento del nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria, Tribu-CR.

La estabilidad fiscal alcanzada tras la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 2018 muestra señales de debilitamiento, con ingresos que se desaceleran y gastos crecientes que afectan el balance primario.

De esta forma, se obliga al Ministerio de Hacienda a publicar y actualizar la lista de deudores y grandes contribuyentes con pérdidas o cero utilidades.

El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Luis Antonio Molina Chacón, vio con buenos ojos el proyecto de ley presentado por la diputada liberacionista Montserrat Ruiz Guevara que propone reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 10%, a cambio de triplicar el impuesto a los bienes inmuebles.

Este cambio estructural en el nuevo sistema tributario representa una transformación significativa en la forma en que los contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas, cumplan con sus obligaciones tributarias, introduciendo nuevas plataformas digitales, procesos automatizados y normativas actualizadas.

Una recaudación efectiva cercana a los ¢128 mil millones producto del cobro administrativo y judicial, así como un monto superior a los ¢44 mil millones en proceso de recuperación, por determinaciones de impuestos dejados de pagar al fisco, son algunos resultados de las acciones que realizaron las direcciones del Área de Ingresos del Ministerio de Hacienda, entre enero y setiembre 2025, informó la cartera tributaria.

El gasto tributario de Costa Rica en 2023 fue de ¢2,02 billones, una cifra menor al récord de ¢2,07 billones registrado en 2022. Así lo revela el informe más reciente del Ministerio de Hacienda sobre la estimación del gasto tributario, publicado en abril pasado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Costa Rica impulsar una nueva reforma tributaria, orientada a aumentar los ingresos del Estado y a mejorar la eficiencia del sistema impositivo. Para lograrlo, planteó revisar las exoneraciones fiscales vigentes sobre las utilidades, incluyendo las que aplican a empresas ubicadas en zonas franca

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, respondió a la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de promover una nueva reforma tributaria en el país, orientada a incrementar los ingresos del Estado y mejorar la eficiencia del sistema impositivo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce solidez económica costarricense y su capacidad de adaptación. El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la Consulta del Artículo IV correspondiente al 2025, destacándose el “progreso económico notable” costarricense, el cual es sustentado por sólidos fundamentos macroeconómicos, políticas prudentes y marcos institucionales robustos.

La agenda fiscal que propuso el Gobierno en 2022 fracasó en la Asamblea Legislativa debido a la torpeza del Poder Ejecutivo para negociar con las bancadas de oposición.

La reducción en el impuesto selectivo de consumo anunciada por el Poder Ejecutivo y los ajustes recientes en el impuesto sobre la renta no abren espacio a una recuperación de los ingresos tributarios, que han desacelerado desde 2023.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como Sala IV) resolvió el pasado 17 de marzo cuatro acciones de inconstitucionalidad acumuladas presentadas por sindicatos contra una veintena de reformas en materia de salarios del sector público que realizó la Asamblea Legislativa al promulgar, en 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).