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Con una planilla de 175 auditores para toda Costa Rica, el Ministerio de Hacienda busca frenar una brecha tributaria que supera los ¢4 billones anuales, equivalentes a un 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los estados financieros consolidados de 2025, emitido el 28 de agosto de 2026, al corte del 6 de octubre del año pasado, la migración al nuevo sistema TRIBU-CR registró saldos a favor habilitados para su utilización por ¢1.117.898 millones.

El presupuesto nacional del próximo año, que asciende a ¢12,4 billones, se financiará mayoritariamente con ingresos provenientes de la recaudación de impuestos.

El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.737) para permitir al Ministerio de Hacienda corregir el valor fiscal de vehículos cuando detecte diferencias significativas entre el monto utilizado como referencia tributaria y el valor promedio de mercado de automotores con características similares.

Mientras en el mismo periodo de 2025 los ingresos tributarios crecieron 1,3%, este año registraron una contracción de 0,5%, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda estima que durante 2026 recaudará ¢373.390,8 millones menos de lo presupuestado para este año. La información consta en un oficio enviado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, al director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar.

La institución mantiene más de 200 plazas vacantes en el área de Ingresos, situación que afecta la capacidad de fiscalización, cobro y gestión tributaria.

Cada año, los países recaudan mediante impuestos una parte de la riqueza que generan para financiar los servicios públicos. Sin embargo, el peso de esa carga tributaria frente al producto interno bruto (PIB) puede variar ampliamente entre las economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Costa Rica figura entre las naciones con menor recaudación del bloque frente a su productividad.

“El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ¢106.000 millones menos”, explicó Fernando Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

La recaudación tributaria del Gobierno Central cumple cuatro años de registrar una pronunciada caída. Así lo revela un reciente análisis elaborado por el economista Fernando Rodríguez, del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

Aumentar la tarifa del 1 % al 13 % del impuesto al valor agregado (IVA) para la Canasta Básica Tributaria (CBT), una medida que valora el Gobierno para enfrentar la caída de los ingresos tributarios, afectaría más a las familias de menores ingresos.

Este fue el tema analizado por el director de Actualidad Tributaria, MDT. Raymundo Volio, durante el más reciente AT Live, en el que explicó cuáles son las principales reformas que se discuten actualmente, qué medidas podrían implementarse en el corto, mediano y largo plazo, y cuál sería su impacto para empresas, profesionales independientes y contribuyentes en general.

La banca privada registró una fuerte disminución en sus ganancias durante el primer semestre del 2026 debido al comportamiento del tipo de cambio.

El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley que permitiría a la Administración Tributaria ordenar y ejecutar embargos de bienes a contribuyentes morosos sin necesidad de contar previamente con una autorización judicial. La iniciativa forma parte del plan fiscal impulsado por el gobierno para fortalecer la recaudación y mejorar las finanzas públicas.

Santa Cruz ya recauda más dinero por el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles que cantones como Curridabat, Montes de Oca o La Unión, a pesar de tener una población muy inferior. Carrillo, Nicoya y Liberia también figuran entre los municipios con mayores ingresos relacionados con ese tributo en todo Costa Rica.

Raymundo Volio, de Actualidad Tributaria, señala que la medida está pensada para los contribuyentes formales y duda de su impacto en la recaudación. “Esta medida está pensada para contribuyentes formales que realizan actividades lucrativas y lo que se haría es incluir un dato para mejorar el control tributario. El problema del SINPE son las transacciones ocultas u omisas, y estas pueden originarse en personas que no están inscritas en Hacienda, en cuyo caso la medida no resolvería en nada ese conflicto”, indicó.

Volio afirma que, pese a las reformas fiscales implementadas en los últimos años, la recaudación no ha crecido al nivel esperado y el principal problema sigue siendo la falta de control tributario efectivo. A su criterio, las modificaciones legales no son suficientes si no están acompañadas de una administración tributaria con mayor capacidad de fiscalización, ya que la percepción de impunidad puede incentivar mayores niveles de evasión

Los ingresos por el pago del impuesto al valor agregado (IVA) a nivel interno se redujeron en ¢13.975 millones en el primer trimestre del 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El contrabando comprende el ingreso, distribución o comercialización de productos que evaden el pago de impuestos y controles aduaneros. Aunque suele asociarse principalmente con cigarrillos y licor, el fenómeno abarca una lista mucho más amplia de mercancías de consumo cotidiano y alto valor económico.

Aunque el contenido del eventual proyecto aún no ha sido presentado ante la corriente legislativa, el panorama actual apunta a que el país enfrentará una discusión tributaria de gran relevancia durante los próximos meses, con posibles ajustes que podrían impactar tanto a empresas como a personas contribuyentes.

El jerarca de Hacienda afirmó que la situación económica mundial y nacional requiere que el Gobierno adopte medidas para aumentar los ingresos. Estas serán entregadas en detalle a Fernández para que valore su eventual envío al Congreso.

El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, aseveró que la evasión fiscal está creciendo en Costa Rica y apunta a una posible causa. Lo dijo en momentos en que el Ministerio de Hacienda pronosticó una severa caída en la recaudación de impuestos del 2026, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al país a aplicar reformas para incrementar los recursos públicos.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031 de Hacienda, la carga tributaria -ingresos tributarios como porcentaje del producto interno bruto (PIB)- caería para el 2031 a su nivel más bajo en más de dos décadas.

La desaceleración económica y la pérdida de impulso en la recaudación tributaria comienzan a perfilar un panorama fiscal más complejo para Costa Rica, justo cuando el nuevo escenario político abre la puerta a eventuales reformas tributarias con mayoría simple en la Asamblea Legislativa.

La recaudación del impuesto sobre el valor agregado (IVA) en Costa Rica tuvo en el 2025 su primera caída en la última década. Además, fue el primer retroceso registrado desde que el viejo tributo de ventas se convirtió en el IVA, en 2019.

Según un análisis del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), con base en datos del Ministerio de Hacienda, el crecimiento interanual de la recaudación de ese tributo cerró con una disminución del 0,51 %.

El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) alertó sobre un deterioro sostenido de los ingresos tributarios en Costa Rica, situación que ya afecta el resultado fiscal del país y reduce el margen del Estado para atender demandas en áreas como seguridad, educación e infraestructura