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Mediante una medida cautelar, esta unidad de Tesorería busca anular dos oficios que, según alega, restringen atribuciones que le asignan una ley especial y la Constitución Política, al obligarla a someterse a la nueva Dirección de Gestión de Deuda Pública.

Este procedimiento —establecido mediante un decreto firmado en julio del año pasado por el entonces presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta— le permite al Ministerio de Hacienda colocar y cancelar títulos de deuda interna en moneda extranjera en el mercado local. Sin embargo, los recursos para adquirirlos provienen de inversionistas del exterior que participan en ese mercado a través de puestos de bolsa.

Tres de las reformas fiscales planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe más reciente sobre Costa Rica coinciden con medidas impulsadas por el exmandatario Rodrigo Chaves Robles durante el segundo año de su mandato.

En sus declaraciones, el ministro deslizó de forma explícita una de las medidas más sensibles del eventual paquete: elevar el impuesto al valor agregado (IVA) que hoy pagan los bienes de consumo esencial. “Consideren ustedes subir el impuesto, el IVA a la canasta básica, consideren ustedes varias opciones”, expresó al describir el abanico de alternativas sobre la mesa.

Costa Rica cerró marzo de 2026 debiendo más dinero que al finalizar el año pasado. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda presentó los resultados fiscales del primer trimestre destacando una reducción en el peso de la deuda pública frente al tamaño de la economía.

La creciente presión sobre las finanzas públicas vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre una eventual reforma tributaria en Costa Rica.

El gasto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podría superar al del Gobierno Central en los próximos años si se mantiene la tendencia sostenida al alza que ha registrado la institución en materia presupuestaria, según advirtió la Contraloría General de la República (CGR).

Bank of America Securities considera que el gobierno de Laura Fernández mantendría la regla fiscal y tendría margen político para impulsar reformas relacionadas con la emisión de deuda externa, bajo el liderazgo del expresidente Rodrigo Chaves al frente del Ministerio de Hacienda.

Un eventual incremento del 10% en el tipo de cambio del dólar respecto al colón podría llevar el endeudamiento del Gobierno hasta cerca del 70% del producto interno bruto (PIB), lo cual elevaría aún más la presión sobre las finanzas públicas prevista por el Ministerio de Hacienda para los próximos años.

El Ministerio de Hacienda colocó 1.000 millones de euros (unos $1.172 millones) en bonos de deuda en el mercado local este lunes 27 de abril.

Así lo afirmó el titular de esa cartera, Rudolf Lücke, ante el Plenario Legislativo con motivo de la rendición de cuentas sobre el balance del año 2025 de la situación macroeconómica del país y las medidas previstas para 2026.

En el caso del impuesto sobre la renta (ISR), las compañías que declaran en dólares deben trasladar esos montos a colones, lo que implica menos recaudación para el Ministerio de Hacienda al efectuar la conversión de moneda. Con el impuesto sobre el valor agregado (IVA), los bienes fijados en esa divisa reducen su base imponible cuando el colón se aprecia, lo que limita la recaudación.

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, prevé que la relación entre del endeudamiento del Gobierno y el producto interno bruto (PIB) permanezca por encima del 60% durante más de un año. Así lo señaló este lunes al presentar su informe anual de labores ante el Plenario Legislativo.

Al finalizar el 2025: Por cuarto año consecutivo, los ingresos totales superaron los gastos primarios. El país alcanzó un superávit primario de ¢487.920 millones (0,9% del PIB).

El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este miércoles admitir a estudio de comisión la propuesta de reforma constitucional impulsada por el oficialismo para permitir que el Ministerio de Hacienda colocara bonos de deuda en el mercado internacional sin autorización previa del Congreso.

La economía nacional operaría bajo un escenario más flexible de la regla fiscal, según el más reciente Informe de Perspectivas Económicas 2026–2027 del Grupo Financiero Mercado de Valores.

El gasto público se mantiene controlado y la razón deuda/PIB continúa por debajo del 60% (lo que permite un escenario más conveniente de la regla fiscal), pero los ingresos tributarios avanzan con menor fuerza, pues apenas crecieron un poco más del 2% acumulado a setiembre, en comparación con el mismo período del año pasado.

Con la información disponible a septiembre, el Observatorio Económico y Social (OES-UNA) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA)proyecta los siguientes resultados para el cierre del 2025

En términos del balance fiscal, los ingresos del Gobierno con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) siguen decayendo (10.50% a setiembre de este año, frente al 11.11% en setiembre de 2024).

Se alcanzó un superávit primario equivalente a 1,3% del PIB a setiembre de 2025. Este resultado se explica por la diferencia entre los ingresos totales de ¢5.580.186 millones, equivalentes a 10,9% del PIB, y el gasto primario de ¢4.918.996 millones, cifra que representó 9,6% del PIB.

El déficit financiero del Gobierno, que refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos totales, disminuyó en setiembre frente al mismo periodo del año anterior, al pasar de 2,7% del producto interno bruto (PIB) a 2,2% en los primeros nueve meses del 2025.

La estabilidad fiscal alcanzada tras la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 2018 muestra señales de debilitamiento, con ingresos que se desaceleran y gastos crecientes que afectan el balance primario.

Pese a la oposición del Gobierno, la mayoría de diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa avaló este miércoles destinar $49 millones de dos créditos de apoyo presupuestario al pago de la millonaria deuda que el Estado mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

A partir de este 1 de noviembre, Michael Contreras Solera asume el cargo de Tesorero Nacional, tras ser nombrado por el Consejo de Gobierno por un periodo de cuatro años.

El Gobierno enfrentará un fin año y un inicio de 2026 con importantes vencimientos de deuda, a los cuales se suma el cumplimiento de gastos ordinarios como el pago del aguinaldo y salario escolar a empleados del sector público.

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo a fin de apoyar los esfuerzos del Gobierno de Costa Rica para mejorar la eficiencia de la gestión fiscal; así como promover actividades económicas sostenibles que generen nuevos empleos y mejoren la calidad del trabajo, especialmente en comunidades rurales y costeras.

“Las decisiones fiscales del país están guiadas por la disciplina y la sostenibilidad, esto fortalece la confianza de los mercados y garantiza un futuro con finanzas públicas sólidas y resilientes. La mejor gestión del gasto, la reducción de la deuda y la generación de superávits primarios constituyen pilares fundamentales para asegurar la estabilidad económica, tal y como se evidencia en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

En medio de estimaciones que reflejan una carga tributaria estancada en relación con la producción del país y un mayor uso del endeudamiento interno en los próximos años, el gobierno anticipa un deterioro de las finanzas públicas respecto a sus previsiones del año anterior.

La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría a los estados financieros consolidados del Gobierno de la República para el periodo 2024 y emitió un dictamen dirigido al Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda destacó que los ingresos totales sumaron ¢3.78 billones (7,3% del PIB), frente a un gasto primario de ¢3.27 billones (6,3% del PIB).