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Las micro y pequeñas empresas tienen plazo hasta el 8 de diciembre para registrarse o renovar su condición de pyme ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Este requisito es necesario para optar por la exoneración del Impuesto a las Sociedades Jurídicas correspondiente al 2025.

El Ministerio de Hacienda ha logrado recuperar durante el 2024, ¢5 mil millones, por la tramitación de 475 medidas cautelares de embargos administrativos y 732 demandas interpuestas en vía judicial.

El próximo lunes 30 de setiembre es la fecha límite para realizar el segundo pago parcial del impuesto sobre las utilidades, una obligación tributaria para personas físicas y jurídicas que hacen actividades lucrativas en el país.

La Contraloría General de la República (CGR) remitió al Ministerio de Hacienda la certificación de las estimaciones de los ingresos para el presupuesto ordinario de 2025, proyectadas en un total de ¢7,73 billones. El 89,4%, equivalente a ¢6,91 billones, proviene de tributos, mientras que el resto corresponde a rubros como la venta de servicios, multas y otros.

La recaudación por medio del impuesto a los ingresos y utilidades (renta) al primer semestre de este año retrocedió a niveles no vistos desde el 2020, año en que se inició la pandemia de covid-19. Según las cifras fiscales más recientes publicadas por el Ministerio de Hacienda, los ingresos acumulados por este tributo entre enero y junio representaron el 2,5% del producto interno bruto (PIB), equivalente a ¢1,23 billones (millones de millones).

El director general de esa dependencia del Ministerio de Hacienda, Cristian Montiel, confirmó que esa es “una decisión tomada”, pero que está pendiente de afinarse vía reglamentación. El cambio será parte de lo que traerá Hacienda Digital y el nuevo sistema que sustituirá al TICA.

Una resolución en la que trabaja el Ministerio de Hacienda para pedirle a los ministerios de otros países los datos de quienes están generando ganancias mediante plataformas digitales entraría en rigor en enero del 2025. Aplica para servicios de entrega, transporte, alimentos, y alojamiento, como en el caso de Airbnb.

El Ministerio de Hacienda registró una caída en la recaudación del impuesto sobre la renta y el impuesto a la propiedad durante los primeros cinco meses del año, lo que representa ¢115.420 millones menos en comparación con el mismo período de 2023. Estos dos impuestos son las fuentes de ingresos tributarios de Hacienda que más cayeron en este período.

El impuesto a la propiedad de vehículos muestra un desplome, a pesar de que el país evidencia un auge en las importaciones de carros nuevos, que incluso se señala como el mayor de los últimos años con hasta 7.886 unidades al mes pasado.

En el primer trimestre del 2023 el país vivó un fenómeno atípico: su Producto Interno Bruto (PIB) creció en un 4,9% —muy por encima de la región—, pero los ingresos tributarios que registró el Ministerio de Hacienda decrecieron en un 5,1%. Es decir, la mayor productividad costarricense no se tradujo en más recursos para las arcas del Estado, sino, por el contrario, en menos.

Junio marca el inicio de los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades. Esta obligación tributaria recae sobre las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades o negocios de carácter lucrativo en el país.

El Gobierno de la República convocó el proyecto de reforma al impuesto de renta en la primera convocatoria de la agenda de la Asamblea Legislativa para el período de Sesiones Extraordinarias, el cual se extenderá hasta el próximo 31 de julio.

Si usted forma parte de una sociedad mercantil en condición inactiva debe presentar la declaración de impuestos antes del 30 de abril del 2024 para no incurrir en multas adicionales.

La Dirección General de Tributación Directa y el Instituto Costarricense de Drogas acordaron ajustar la fecha para la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales para el período 2024.

El plazo para declarar el impuesto de renta sobre utilidades correspondiente al periodo fiscal 2023 vencerá este viernes 15 de marzo, recordó el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

45 legisladores avalaron el expediente 23.973 que gira más recursos para la inversión en seguridad pública al redistribuir recursos del impuesto a personas jurídicas.

Todos los contribuyentes deberán presentar la declaración D-101 del impuesto sobre la renta correspondiente al periodo fiscal 2023 a más tardar el próximo 15 de marzo. Según la Ley del Impuesto sobre la Renta, la declaración se presenta en un plazo posterior a los dos meses y 15 días después del cierre del periodo fiscal y esa misma fecha es el límite para cancelar, sin intereses, de acuerdo con los ingresos generados.

Las personas físicas y jurídicas que gestionaron compras y ventas bajo el régimen simplificado, es decir sin emisión de factura electrónica, tienen que realizar la declaración de dichas transacciones nacionales antes del 28 de febrero.

El próximo miércoles 31 de enero, vence el plazo para que las sociedades mercantiles, las sociedades de una sucursal extranjera o su representante legal y las empresas individuales de responsabilidad limitada, inscritas a enero 2024; paguen sin recargo, el impuesto a las personas jurídicas del periodo fiscal 2024.

En Costa Rica se utiliza el salario base para sancionar diversas faltas cometidas por los ciudadanos en varias áreas del derecho. Es un monto que se actualiza cada año. Este salario base, si bien es cierto fue creado para para definir las penas por la comisión de ciertos ilícitos como hurto agravado, robo simple, estafa, entre otros, lo cierto es que hoy en día es utilizado para un menú variado de incumplimientos en distintas ramas del derecho. A continuación repasamos algunos ejemplos.