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La Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda ha cerrado este año 101 negocios en diferentes lugares del país por incumplimientos en la presentación de las declaraciones o en el pago de impuestos, o por la reincidencia en la no emisión de comprobante de pago.

La gestión del cobro de ¢400 mil millones adeudados al fisco por contribuyentes morosos contará con la asesoría del Gobierno estadounidense ante las dificultades de las autoridades nacionales para recuperar dichos fondos, confirmó este martes el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en el programa Nuestra Voz.

En medio de una situación crítica que impacta a miles de trabajadores independientes, la falta de capacitación entre el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está llevando al rechazo de las facturas por servicios médicos, una oportunidad vital para los trabajadores independientes morosos que buscan acogerse a la condonación según la modificación de la Ley 10 232, también conocida como la “Ley de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales”.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en su sesión del jueves anterior, aprobó la reforma al artículo 6 del Reglamento de condonación para la aplicación de la Ley 10.232 “Ley de condonación para la formalización y readecuación de las cargas sociales”, con lo que tanto patronos como trabajadores independientes podrán solicitar la condonación de facturas por servicios médicos ante la institución.

Al parecer la Dirección General de Tributación, no actualiza el estado de cuenta corriente tributario de los contribuyentes correctamente, así lo denuncia Raymundo Volio, experto en Derecho Tributario y director de Actualidad Tributaria.

Aquellas sociedades que no hayan completado el Registro de Transparecia y Beneficiarios Finales al 31 de marzo de 2020, fecha en que se estableció la última prórroga para la presentación de este requisito, tendrán problemas para realizar trámites en el Registro Público, sin mencionar que se exponen a un multa del 50% de lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.