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El uso de nuevas tecnologías le permitió al Ministerio de Hacienda descubrir un entramado de sociedades y personas que se dedicaban a comprar y vender facturas, con el fin de simular operaciones y pagar menos impuestos. En total, se detectaron comprobantes falsos por unos ¢80.000 millones en favor de unos 200 contribuyentes.

La Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) expresó su rechazo al proyecto de ley expediente 24.738, que propone crear un nuevo impuesto de 0,6% sobre las primas de seguros para financiar redes de monitoreo geodinámico y meteorológico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una publicación, a mediados de abril, en la que destaca las mejoras sustantivas en la eficiencia operativa y financiera de las transferencias monetarias para asistencia social que realiza el Estado costarricense, gracias al uso del Sistema Único de Pago de Recursos Sociales (SUPRES), del Ministerio de Hacienda.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, condenó al Estado por la omisión del Ministerio de Hacienda de girar a las universidades públicas la totalidad de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del año 2025, según el monto que había sido definido por la Asamblea Legislativa.

La Superintendencia General de Seguros (Sugese) cuestionó una iniciativa de ley que propone crear un nuevo impuesto a las primas lo cual encarecería los seguros y los créditos. El objetivo del tributo es financiar las redes de monitoreo sísmico y meteorológico del país.

Este documento puede consultarse en la página web institucional www.hacienda.go.cr e incluye un análisis detallado de los resultados físicos y financieros alcanzados por cada entidad, programa y subprograma, así como su vinculación con el presupuesto asignado para cumplir con su misión, brindar bienes y servicios públicos, atender las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública.

El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) alertó sobre un deterioro sostenido de los ingresos tributarios en Costa Rica, situación que ya afecta el resultado fiscal del país y reduce el margen del Estado para atender demandas en áreas como seguridad, educación e infraestructura

Aunque el propósito de la normativa es proteger a los consumidores financieros frente a fraudes electrónicos, bancos y entidades financieras, así como la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), han advertido que ese objetivo no se alcanzará y que, por el contrario, impactaría negativamente tanto a las entidades financieras como a sus clientes.

El jerarca fue enfático en que, desde la perspectiva fiscal y macroeconómica, la liberación de esos fondos tendría efectos negativos sobre las tasas de interés, los hogares y el costo de financiamiento del Estado.

Dos semanas antes de activar su nuevo sistema contable, ERP-SAP, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue advertida de que la puesta en marcha de la plataforma podía afectar la vida y seguridad de pacientes, así como el abastecimiento de medicamentos y los controles financieros. Pese a ello, la institución autónoma avanzó con la implementación.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) declaró desiertas, durante el año pasado, casi la mitad de las subastas de bonos de estabilización monetaria (BEM) con respecto al 2024. Tal situación provocó que la captación de colones también se redujera de manera significativa.

Estos sectores son manufactura tecnológica de nueva generación que incluye tecnologías avanzadas como internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y procesos de producción inteligente; servicios digitales (análisis de datos, ciberseguridad, soluciones basadas en software) y agroalimentación (agricultura y procesamiento de alimentos con innovaciones y prácticas sostenibles).

Si usted trabaja como asalariado en Costa Rica o tiene empleados contratados, debe saber que todo salario conlleva cargas sociales: descuentos obligatorios sobre el sueldo y aportes que también deben hacer los patronos.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó esta noche que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial acogió una medida cautelar provisionalísima que suspende los efectos de las órdenes giradas por la Contraloría General de la República a la CCSS, relacionadas con la implementación del ERP-SAP

Pese a la oposición del Gobierno, la mayoría de diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa avaló este miércoles destinar $49 millones de dos créditos de apoyo presupuestario al pago de la millonaria deuda que el Estado mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atraviesa una crisis institucional derivada de la implementación “forzada” del nuevo sistema contable ERP-SAP. Desde su puesta en marcha, la entidad ha enfrentado desajustes en el registro de medicamentos, inconsistencias en los registros financieros e incluso interrupciones en algunos servicios.

La Sala Constitucional analiza dos recursos de amparo presentados contra el Ministerio de Hacienda por temas asociados a la implementación de la plataforma Tribu-CR, la cual funciona en Costa Rica desde inicios de octubre para la declaración y el pago de impuestos y que dejó atrás algunas herramientas como ATV y Travi.

La decisión de la Asamblea Legislativa de no autorizar dos colocaciones adicionales por $2.000 millones en eurobonos elevó las tasas de interés en las subastas que realiza el Ministerio de Hacienda para captar recursos, y tendría efectos sobre los intereses de los créditos de los deudores.

El Gobierno enfrentará un fin año y un inicio de 2026 con importantes vencimientos de deuda, a los cuales se suma el cumplimiento de gastos ordinarios como el pago del aguinaldo y salario escolar a empleados del sector público.

El financiamiento para la seguridad pública en Costa Rica encuentra una fuente clave en el Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley 9.428). Entre 2020 y 2024, el tributo recaudado permitió trasladar alrededor de ¢86.000 millones al sector.

Los ingresos del Gobierno no solo han desacelerado su ritmo de crecimiento, sino que crecen a un nivel inferior al del producto interno bruto (PIB).

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica advirtió sobre lo que considera son múltiples incoherencias y contradicciones en el proyecto de ley para la Creación de Clínicas Veterinarias Estatales (Expediente No.25141), presentado por la diputada Rosaura Méndez Gamboa.

En un mundo donde los pagos digitales crecen y la lucha contra la evasión fiscal se intensifica, Costa Rica necesita explorar nuevas formas de financiar prioridades urgentes como la seguridad.

El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentaron hoy la revisión del Plan de Financiamiento 2025 que contempla las estrategias de captación de recursos que ambas entidades están ejecutando durante el año.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de auditoría Gestión de proyectos en Hacienda Digital al Ministerio de Hacienda, respecto de la gestión de proyectos tecnológicos relacionados con los sistemas de información aduaneros, tributarios, de administración financiera y servicios transversales, que forman parte del portafolio Hacienda Digital.

Durante la conferencia de prensa con los medios, el Director General de Tributación, Mario Ramos, señaló que “en todo esto, estamos en el proceso de valoración de las 37 resoluciones, cuáles va a haber que cambiarle la fecha y cuáles no.

A partir de este 11 de julio, el Ministerio de Hacienda puso a disposición los nuevos clasificadores presupuestarios del Sector Público, que aplicarán para la formulación presupuestaria 2027. Esta actualización representa un avance significativo hacia la transparencia en la gestión de los recursos públicos y una mejora sustancial en la toma de decisiones financieras del país.

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) adjudicó la compra de 1,7 millones de etiquetas del marchamo digital al consorcio PC Central-HT-Neology por un costo de $7,8 millones.

Entre los recursos que servirían para impulsar una urbanización verde en el área pública y privada, se encuentran la agilización de trámites de permisos y licencias municipales, reducir el costo del impuesto de construcción y ofrecer la posibilidad de crear incentivos urbanísticos.