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El Servicio Nacional de Aduanas realizará subastas electrónicas de mercancías este mes de setiembre en las Aduanas Limón y Caldera, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Las mercancías fueron declaradas en abandono conforme a la legislación aduanera vigente y permanecen bajo custodia de la Aduana.

La Sala Constitucional recibió dos recursos de amparo en contra del decreto emitido el pasado 28 de agosto por el Ministerio de Hacienda y que establece nuevas reglas para los importadores de vehículos.

El Ministerio de Hacienda presupuestó ¢1.895 millones más para el pago de salarios y remuneraciones durante 2027.

Durante la presentación del Presupuesto Nacional 2027, el ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, cuestionó la relación entre el gasto público, los impuestos que pagan los costarricenses y la calidad de los servicios que reciben.

Por medio del oficio MH-DM-RES-1022-2028, el ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, respondió al oficio enviado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, quien interpuso un recurso de revocatoria, con nulidad concomitante y solicitud de medida cautelar provisionalísima.

El presupuesto nacional del próximo año, que asciende a ¢12,4 billones, se financiará mayoritariamente con ingresos provenientes de la recaudación de impuestos.

“Acelerando la transformación a través de finanzas públicas sostenibles para la biodiversidad”, FAST, por sus siglas en inglés, es un nuevo proyecto liderado en Costa Rica por el Ministerio de Hacienda, financiado por la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del Gobierno Federal de Alemania, liderado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y co-implementado con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.736) que propone una amplia reforma a la Ley General de Aduanas (Ley 7557), entre cuyos principales cambios figura elevar de $5.000 a $20.000 el umbral para que el contrabando constituya un delito y trasladar los casos de menor cuantía al régimen de infracciones administrativas cuando corresponda.

El Ministerio de Hacienda redujo de ¢4,2 billones a ¢4,04 billones su estimación de necesidades de financiamiento para 2026, según la revisión semestral del Plan de Financiamiento presentada junto con el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La revisión incorporó las proyecciones del Informe de Política Monetaria publicado por el BCCR en julio.

El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentaron este miércoles 26 de agosto, la revisión semestral del Plan de Financiamiento 2026, que detalla las estrategias de captación de recursos que ambas entidades ejecutarán durante el año.

El Ministerio de Hacienda publicó este viernes, el decreto ejecutivo N° 45920, para evitar la subfacturación y la subvaloración de vehículos que generan distorsiones en el mercado y afectan la recaudación tributaria.

La Dirección de Contratación Pública (DCoP) del Ministerio de Hacienda, puso a disposición la nueva “Guía básica para convertirse en proveedor del Estado: Formalización, registro PYME y participación en compras públicas”, con el fin de orientar a personas emprendedoras, pequeñas y medianas empresas interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de compras públicas.

El Registro PYME es una herramienta de gran importancia para las pequeñas y medianas empresas, ya que puede facilitar el acceso a distintos beneficios y oportunidades de apoyo. Conocer los requisitos y las ventajas de contar con esta condición es fundamental para que las empresas puedan aprovechar adecuadamente los recursos disponibles.

El Poder Judicial informó que el Ministerio de Hacienda revirtió la decisión de aplicarle un recorte de ¢3.053 millones correspondiente al presupuesto institucional de 2026. Ese monto correspondía al 10% de las cuotas trimestrales de la segunda mitad del año, que el pasado 13 de julio Hacienda anunció que retendría, además del recorte de ¢13.220 millones que la Corte Plena acordó ceder tras la solicitud de Hacienda.

Aunque el sistema tributario costarricense contempla penas de hasta diez años de prisión para quienes defrauden al fisco, en la práctica muy pocas personas terminan tras las rejas.

Las acciones de control emprendidas por el Ministerio de Hacienda de mayo a julio de 2026 incrementaron los decomisos de mercancías en un 58%, en comparación con el mismo periodo del 2025, al pasar de 13 millones a 30 millones de unidades.

La iniciativa está en construcción y está previsto que se publique a más tardar en setiembre próximo, confirmó en entrevista con Teletica.com el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal.

Reconocer públicamente el monto exacto de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, más importante aún, establecer una forma de pago es el punto de partida que estableció el Partido Liberación Nacional (PLN) para negociar el proyecto de eurobonos que demanda la presidenta Laura Fernández.

El Poder Judicial calificó de “crítico” el recorte de ¢3.053 millones a su presupuesto del 2026 que ejecutó el Ministerio de Hacienda, que afectará el gasto operativo.

La diputada de Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo, advirtió a los pequeños, medianos y grandes comerciantes sobre presuntos cobros de más realizados por el sistema Tribu-CR, luego de que el Ministerio de Hacienda reconociera que se cobraron ¢1.681,6 millones en exceso a ciudadanos y empresas.

Volio afirma que, pese a las reformas fiscales implementadas en los últimos años, la recaudación no ha crecido al nivel esperado y el principal problema sigue siendo la falta de control tributario efectivo. A su criterio, las modificaciones legales no son suficientes si no están acompañadas de una administración tributaria con mayor capacidad de fiscalización, ya que la percepción de impunidad puede incentivar mayores niveles de evasión

La Contraloría General de la República (CGR), órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, advirtió de que un recorte presupuestario solicitado por el Ministerio de Hacienda podría llevar a la institución a un eventual cierre técnico.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lleva más de un año sin contar con estados financieros institucionales aprobados.

Este procedimiento —establecido mediante un decreto firmado en julio del año pasado por el entonces presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta— le permite al Ministerio de Hacienda colocar y cancelar títulos de deuda interna en moneda extranjera en el mercado local. Sin embargo, los recursos para adquirirlos provienen de inversionistas del exterior que participan en ese mercado a través de puestos de bolsa.

Mediante una medida cautelar, esta unidad de Tesorería busca anular dos oficios que, según alega, restringen atribuciones que le asignan una ley especial y la Constitución Política, al obligarla a someterse a la nueva Dirección de Gestión de Deuda Pública.

El contrabando comprende el ingreso, distribución o comercialización de productos que evaden el pago de impuestos y controles aduaneros. Aunque suele asociarse principalmente con cigarrillos y licor, el fenómeno abarca una lista mucho más amplia de mercancías de consumo cotidiano y alto valor económico.

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó una propuesta para que el Ministerio de Hacienda mantenga sus depósitos en las cuentas del emisor a cambio de recibir el pago de rendimientos a distintos plazos.

Eliminar la exoneración del Impuesto al Valor Agado (IVA) a los productos de la canasta básica para los hogares de mayores ingresos es una de las alternativas que el Ministerio de Hacienda analiza como parte de una eventual reforma de largo plazo al sistema de beneficios tributarios.

La regla fiscal, uno de los principales mecanismos para contener el gasto público, opera sin una fiscalización integral. Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) a la Asamblea Legislativa al señalar que, desde el 2022, no puede auditar con certeza el cumplimiento de esta norma en las instituciones del sector público, incluyendo el Gobierno Central.