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Un reconocimiento más a la estabilidad fiscal de Costa Rica se dio hoy cuando la agencia de calificación crediticia Moody's anunció la mejora de la calificación del país, al pasar de B1 a Ba3, con una perspectiva positiva

Luego de recibir la autorización récord por parte de la Asamblea Legislativa para emitir hasta $5.000 millones en títulos de deuda externa (popularmente conocidos como eurobonos) entre 2023 y 2025, el Gobierno de la República dejó de acudir con la frecuencia acostumbrada a la Asamblea Legislativa para la aprobación de créditos con organismos internacionales.

El pago de intereses de la deuda pública alcanzó ¢978.738 millones al cierre de mayo anterior, según el último informe de cifras fiscales del Ministerio de Hacienda.

Entre mayo 2022 y mayo 2024 el país ha destinado 4.579 billones de colones para el pago de vencimientos de la deuda externa y 1.496 millones de dólares para el de la deuda externa, del Gobierno central. De manera responsable, el gobierno de la República viene cumpliendo en tiempo los compromisos de pago gracias a una gestión estratégica de los recursos públicos.

El Ministerio de Hacienda buscará una reforma constitucional para que el endeudamiento externo del Gobierno no tenga que pasar por la aprobación de los diputados.

El déficit financiero del Gobierno fue más alto durante el año pasado, a pesar del superávit primario. A diciembre de 2023, alcanzó un 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en el mismo periodo de 2022 fue de 2,5% del PIB.

El creciente endeudamiento externo del Gobierno es una de las principales causas de la abundancia de dólares en el mercado cambiario y de la apreciación del colón en Costa Rica. Así lo sostiene Norberto Zúñiga, economista de la firma Ecoanálisis, quien indicó que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha evitado las depreciaciones del tipo de cambio del dólar con respecto al colón.

Al mismo tiempo que la jerarca explicaba sus preocupaciones sobre el endeudamiento nacional, el gobierno anunció que redujo la relación deuda a PIB La Contralora General de la República, Marta Acosta, informó esta tarde a las y los legisladores que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios, que los intereses de la deuda del país continúan en crecimiento y que generan presión sobre el presupuesto nacional.

Un proyecto de ley promovido por el Gobierno que le permitiría al Ministerio de Hacienda sacar recursos en colones y dólares que hoy en día tiene en cuentas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y depositarlos en otras entidades financieras enciende las primeras alertas entre diputados.

El Ministerio de Hacienda recibió este lunes $1.421 millones correspondientes a los eurobonos colocados en el mercado internacional el pasado lunes 6 de noviembre.

Con una segunda colocación de US $1,500 millones de títulos valores de deuda externa, Costa Rica cerró en forma exitosa, este lunes 6 de noviembre, su participación en el mercado financiero internacional durante el 2023.

La colocación de $1.500 millones de eurobonos en el mercado internacional se hará en noviembre porque el Gobierno tiene el próximo año una alta necesidad de dólares para hacerle frente a vencimientos y pago de intereses de deuda en esta moneda.

Buscar el momento adecuado para colocar los $1.500 millones es el reto que tienen las autoridades de Hacienda en medio de una gran nebulosa internacional de posibles alzas en las tasas de interés.

El Ministerio de Hacienda evalúa diferentes variables para determinar el momento más oportuno para realizar una segunda colocación de $1.500 millones en eurobonos, prevista para el segundo semestre del 2023.

El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy una operación que apoyará el programa de recuperación pospandemia de Costa Rica con especial énfasis en proteger los ingresos de las familias, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y reforzar la sostenibilidad fiscal con base de un crecimiento verde y bajo en carbono.

La administración del presidente Rodrigo Chaves promoverá una reforma a la Constitución Política con el objetivo de eliminar la obligación del Gobierno de pedir autorización a los diputados cada vez que decide emitir deuda externa o suscribir créditos de apoyo presupuestario con organismos internacionales.