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La experta recordó que no se trata de presentar nuevamente la información reportada en marzo, ya que cada declaración debe reflejar la realidad económica y financiera del período fiscal correspondiente. Por esta razón, replicar la información utilizada para el período 2024 podría generar inconsistencias y errores relevantes ante una eventual fiscalización.

La reforma fiscal aprobada por Panamá, más conocida como “de sustancia económica”, obligará a grupos empresariales costarricenses con holdings, inversionistas o estructuras regionales en ese país a revisar sus operaciones antes de 2027 o exponerse al pago de nuevos impuestos.

Las empresas costarricenses deberán prestar especial atención a la forma en que llevan su contabilidad financiera y tributaria, especialmente tras las recientes actualizaciones relacionadas con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Las empresas catalogadas como grandes contribuyentes deberán prestar especial atención a la correcta aplicación de las NIIF plenas ante el nuevo enfoque de fiscalización anunciado por la Administración Tributaria.

La aplicación de las NIIF plenas representa uno de los principales retos contables y financieros para los grandes contribuyentes en este 2026. Comprender su obligatoriedad, alcance e impacto es fundamental para garantizar el cumplimiento adecuado de las disposiciones vigentes y evitar contingencias futuras.

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica anunció su oposición a la resolución de la Dirección General de Tributación que obligaría a los grandes contribuyentes a aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) plenas a partir del 1 de enero de 2027.

En línea con las políticas de transparencia fiscal y con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, establecer los lineamientos de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y fortalecer las herramientas de control sobre los Grandes Contribuyentes Nacionales, la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, emitió la resolución N°MH-DGT-RES-0015-2026 Criterios interpretativos sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera respecto a la normativa tributaria.

El Ministerio de Hacienda reportó ingresos históricos gracias a la plataforma Tribu-CR, que entre el 6 de octubre de 2025 y el 18 de marzo de 2026 permitió recaudar 2 billones 191 mil 321 millones de colones.

Los grandes contribuyentes, las zonas francas y las empresas con transacciones vinculadas que superen los 1.000 salarios base (aproximadamente ¢462 millones) deberán entregar por primera vez una declaración detallada al Ministerio de Hacienda el próximo 31 de marzo.

En Costa Rica, la implementación de las normas NIIF S1 y S2 ya es una realidad oficial, pero su obligatoriedad sigue un cronograma escalonado definido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPCR) a través de la circular 33-2023

La Administración Tributaria costarricense incorporó formalmente la Declaración Informativa de Precios de Transferencia, cuya primera presentación se realizará en marzo de 2025, correspondiente al período fiscal 2024.

Los ajustes que el Ministerio de Hacienda aplicará a partir de este 2026 modificarán de forma significativa la gestión tributaria que realizan los contadores en Costa Rica. Las nuevas reglas cambian la periodicidad de las declaraciones informativas, los formularios y los plazos, con efectos directos en la planificación contable de empresas y personas contribuyentes.

De esta forma, se obliga al Ministerio de Hacienda a publicar y actualizar la lista de deudores y grandes contribuyentes con pérdidas o cero utilidades.

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco Castro, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.272) que establece una moratoria de cuatro meses para la aplicación de sanciones, mora, intereses y multas relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondientes a las declaraciones de los periodos de setiembre a diciembre de 2025.

Se trata del expediente 24.013, que con la modificación obliga al Ministerio de Hacienda a publicar y actualizar la lista de deudores y grandes contribuyentes con pérdidas o utilidades cero, informó la Asamblea Legislativa en sus redes sociales.

El Ministerio de Hacienda informó que al tercer trimestre del 2025 la Dirección General de Tributación (DGT) recuperó ¢108.475 millones de contribuyentes morosos.

Poner en marcha TRIBU-CR implica migrar la información del Registro Único Tributario, créditos fiscales, deudas tributarias, declaraciones de los últimos cuatro años, terceros autorizados y consulta de “Situación Tributaria”. Durante este proceso los datos serán revisados y actualizados para garantizar transparencia y trazabilidad. Lo anterior, implica la desactivación de las siguientes herramientas y sistemas desde las 23:45 horas del próximo 18 de julio, hasta el 3 de agosto, inclusive: Administración Tributaria Virtual (ATV), Trámites Virtuales (TRAVI); Sistema de Identificación de Contribuyentes (SIC); EDDI 7; Declara7 y DeclaraWeb.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó este miércoles de manera positiva el expediente 24.013, una propuesta del Frente Amplio para que se publique la lista de los grandes contribuyentes que reportan cero ganancias en el año.

Proyecto de Resolución suma nuevas sanciones para quienes incumplan con este deber.

En los últimos años, el Ministerio de Hacienda ha publicado las listas de grandes contribuyentes que declararon “cero ganancias” en el impuesto sobre la renta o el impuesto a las utilidades, las cuales se encuentran disponibles al público general en su página web.

La Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda ha cerrado este año 101 negocios en diferentes lugares del país por incumplimientos en la presentación de las declaraciones o en el pago de impuestos, o por la reincidencia en la no emisión de comprobante de pago.

En 2020, el monto recuperado por el Ministerio Hacienda representó el 6,34% la cartera morosa en cobro. Desde entonces, la cifra no supera el 4,21% del total, e incluso en 2023 cayó al 2,19%, el resultado más bajo en los últimos seis años.

Con el objetivo de promover una mayor colaboración entre las empresas y la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales (DGCN), sobre la base de los principios de transparencia y confianza mutua, la Dirección General de Tributación (DGT), del Ministerio de Hacienda, realizó este 03 de noviembre el primer Foro de Diálogo con Grandes Contribuyentes.

La fracción del Frente Amplio presentó un proyecto de ley el cual propone hacer obligatoria la publicación anual de la lista de grandes contribuyentes que declaran cero ganancias.

Un total de 160 empresas calificadas como Grandes Contribyentes Nacionales (GCN) y Grandes Empresas Territoriales (GETES) reportaron cero ganancias o pérdidas en el 2022, a pesar de reportar activos por más de ¢8.406 billones e ingresos brutos por ¢3.775 billones.

Con la aprobación de la reforma tributaria de 2018, el año fiscal ahora comprende de enero a diciembre de cada año. Anteriormente iba del 1.° de octubre al 30 de septiembre, acorde con los periodos de cosecha de café e incluso muchos comercios aprovechan esa época para lanzar promociones y liquidar sus inventarios.

La Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda emitió un proyecto de resolución que propone la obligación de los grandes contribuyentes a presentar estados financieros auditados al fisco cuando declaren cero ganancias o pérdidas.

El Gobierno trata de formalizar la facultad legal para que el Ministerio de Hacienda publique la lista de grandes contribuyentes que declaren pérdidas o cero ganancias durante el periodo fiscal. Así se establece en el proyecto de ley de Fortalecimiento del Control Tributario presentado el pasado 18 de mayo a la Asamblea Legislativa.

Café Britt informó de que deberá pagar más de ¢1.551 millones a la Administración Tributaria por impuestos e intereses, luego de una Resolución del Tribunal Fiscal Administrativo sobre un diferendo que mantenía el emisor respecto al pago de los impuestos de renta y remesas.