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El presupuesto del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá un faltante de ¢55.000 millones para el año 2025 correspondiente a ingresos por transferencias del Estado.

El objetivo del Gobierno era que la deuda de Costa Rica fuera menor al 60% del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre del año 2025. Sin embargo, las condiciones de la economía costarricense han cambiado y ahora será hasta el 2026.

El gasto total y corriente del Gobierno no podrá crecer más de un 3,75% el próximo año, según lo establece la regla fiscal para el presupuesto nacional de 2025.

El proyecto de presupuesto ordinario del Gobierno Central para 2025, que el Ministerio de Hacienda entregará a la Asamblea Legislativa en los próximos días, aplicará la regla fiscal con un límite máximo del 3,75% en el crecimiento del gasto total del Sector Público No Financiero (SPNF), según confirmó la entidad. Este límite es superior al 3,53% aplicado en el presupuesto de 2024.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez Siles, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.515) para excluir los gastos e inversiones del Poder Judicial del límite de crecimiento que establece la regla fiscal, introducida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).

El Ministerio de Hacienda ha transferido este martes ¢28.189 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cumpliendo así con el segundo pago del convenio suscrito entre ambas entidades en diciembre del año anterior.

Los primeros cinco meses del año muestran un deterioro en los indicadores fiscales del Gobierno que enciende las alertas entre economistas.

En poco menos de cuatro años, el Ministerio de Hacienda reporta más de ¢81 mil millones recaudados por el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a los llamados servicios transfronterizos.

El lunes 27 de mayo la Procuraduría General de la República (PGR) reconfirmó que el Gobierno tiene la obligación legal de destinar un monto mínimo al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), a través del cual se atiende a la población en condición de pobreza

El Gobierno presentó el tercer presupuesto extraordinario de la República 2024 a la Asamblea Legislativa para su discusión y votación.

Los ingresos totales del Gobierno Central cayeron 0,9% en términos absolutos, en enero del 2024, respecto al mismo mes del año anterior. Así lo muestran los resultados fiscales más recientes publicados por el Ministerio de Hacienda, este 12 de marzo. En comparación con la producción, los ingresos permanecen sin cambios.

Diputados de tres agrupaciones políticas reiteraron este martes sus dudas y cuestionamientos a una reforma legal impulsada por el Poder Ejecutivo que busca otorgarle amplias potestades a la Administración Tributaria y recordaron que esta dependencia del Ministerio de Hacienda ha violentado procedimientos en perjuicio de contribuyentes.

Una gran parte de contribuyentes, en especial los del sector construcción del país, deberán aplicar el cálculo de la liquidación anual de la proporcionalidad en sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al periodo fiscal 2023 antes del próximo 15 de enero.

El Ministerio de Hacienda (MH) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) firmaron, este jueves, 21 de diciembre, un convenio de pago por la suma de ?51. 738 millones, que corresponde a parte de la cuota del Estado al Seguro de Salud, del periodo 2015 a 2018.

El impuesto sobre rentas y ganancias de capital generó ingresos por ¢1.17 billones (millones de millones) desde julio del 2019 hasta setiembre del 2023, según datos del Ministerio de Hacienda; entidad que proyecta que para este 2023 la recaudación por este tributo sea la mayor registrada a la fecha

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa avaló este miércoles un proyecto de ley para exonerar del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la educación superior privada.

Los diputados protagonizaron un desencuentro este martes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, en torno a la propuesta para destinar a la seguridad ciudadana todo el dinero que se recauda del cobro del impuesto a las personas jurídicas.

Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, advirtió a los magistrados de la Sala IV sobre los riesgos constitucionales y financieros que implicaría excluir a las cinco universidades públicas de la regla fiscal que limita el crecimiento del gasto.

Los diputados aprobaron por unanimidad dispensar de todo trámite el expediente 23.255, iniciativa que busca sacar de la regla fiscal las compras que realiza el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de la Producción (CNP)

La tarifa de ese tributo para el sector construcción subirá del 8% al 13%, según lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.