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El Ministerio de Hacienda informó que la mejora que elevó la calificación de riesgo soberano de Costa Rica, pasando de Ba3 a Ba2, con perspectiva estable anunciada por la por la agencia Moody’s Ratings, refleja el reconocimiento internacional al esfuerzo constante que el país ha venido realizando para fortalecer sus finanzas públicas y consolidar una trayectoria de responsabilidad fiscal.

“Iniciamos este segundo semestre con resultados positivos que reafirman nuestro compromiso con la sostenibilidad fiscal, evidenciado en la generación de balances primarios positivos, la reducción gradual del costo del financiamiento, la disminución de la relación deuda a PIB y una mejor percepción de riesgo en los mercados internacionales.

El II Informe Macroeconómico 2025: evolución económica y desafíos fiscales, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) señala que la realidad fiscal del país ha entrado en el terreno de la incertidumbre.

“Las decisiones fiscales del país están guiadas por la disciplina y la sostenibilidad, esto fortalece la confianza de los mercados y garantiza un futuro con finanzas públicas sólidas y resilientes. La mejor gestión del gasto, la reducción de la deuda y la generación de superávits primarios constituyen pilares fundamentales para asegurar la estabilidad económica, tal y como se evidencia en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

En medio de estimaciones que reflejan una carga tributaria estancada en relación con la producción del país y un mayor uso del endeudamiento interno en los próximos años, el gobierno anticipa un deterioro de las finanzas públicas respecto a sus previsiones del año anterior.

El Ministerio de Hacienda destacó que los ingresos totales sumaron ¢3.78 billones (7,3% del PIB), frente a un gasto primario de ¢3.27 billones (6,3% del PIB).

La respuesta a esta duda la dio el nuevo jerarca de la cartera tributaria Rudolf Lücke. “Vamos a dar continuidad al valioso trabajo que se ha venido desarrollando, consolidando los importantes logros alcanzados en materia de finanzas públicas bajo el liderazgo de Nogui Acosta. Una de las prioridades fundamentales será el Proyecto Hacienda Digital.

A partir de este 11 de julio, el Ministerio de Hacienda puso a disposición los nuevos clasificadores presupuestarios del Sector Público, que aplicarán para la formulación presupuestaria 2027. Esta actualización representa un avance significativo hacia la transparencia en la gestión de los recursos públicos y una mejora sustancial en la toma de decisiones financieras del país.

El Ministerio de Hacienda reportó este lunes las cifras fiscales al cierre del mes de abril de 2025, las cuales arrojan un superávit primario acumulado de 0,7% del producto interno bruto (PIB), un déficit financiero inferior, situado en 0,8% del PIB y una relación deuda/PIB de 57,4%, con tendencia a la baja e inferior en 2,3 puntos porcentuales respecto al cierre de 2024.

El decreto ejecutivo aprobado por el Ministerio de Hacienda, que estableció una reducción gradual del impuesto selectivo de consumo sobre ciertos bienes, junto con la ley que disminuyó la recaudación del impuesto sobre la renta de los trabajadores independientes, entre otros factores, impactaron negativamente las proyecciones de las finanzas públicas de Costa Rica para los próximos cinco años.

El Ministerio de Hacienda puso a disposición del público, desde este lunes, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025-2030, que abarca tanto al Gobierno Central como al Sector Público No Financiero. Este instrumento es fundamental para mejorar la transparencia y la credibilidad de la política fiscal

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como Sala IV) resolvió el pasado 17 de marzo cuatro acciones de inconstitucionalidad acumuladas presentadas por sindicatos contra una veintena de reformas en materia de salarios del sector público que realizó la Asamblea Legislativa al promulgar, en 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).

El buen comportamiento de las finanzas públicas, con resultados tan favorables como el mantenimiento de superávits primarios consecutivos y la reducción de la deuda como porcentaje del PIB a menos del 60%, permite que, por primera vez en la historia del sistema tributario costarricense, se reduzcan los impuestos a 60 productos de primera necesidad, con lo que se busca mejorar la progresividad del sistema tributario y beneficiar a la gran mayoría de la población a partir de este año.

La agencia calificadora Fitch Ratings ha revisado la perspectiva de Costa Rica de estable a positiva, y mantuvo la calificación de la deuda soberana en BB. Esta decisión refleja el sólido crecimiento económico del país, la mejora en la posición externa y la reducción gradual de la deuda pública.

El economista y exvicepresidente de la República Luis Liberman observa un “leve deterioro” de las finanzas públicas. Mientras que el también economista José Luis Arce dice que “no le cierran” los números que demuestran la sostenibilidad fiscal de Costa Rica al largo plazo.

La aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal y como está diseñado, genera una carga desproporcionada para los hogares de menores ingresos en Costa Rica. Así lo advierte un análisis sobre las dificultades que enfrenta el país para garantizar de manera efectiva la proporcionalidad tributaria que realizó María del Pilar Ugalde, profesional en Contaduría Pública, docente e investigadora de la Universidad Hispanoamericana.

Continuar con la consolidación fiscal sin comprometer el contrato social, fue el mayor desafío que enfrentó el Ministerio de Hacienda en 2024. Así lo aseguró su jerarca, Nogui Acosta Jaén, durante una conferencia de prensa realizada este lunes, 16 de diciembre, para rendir cuentas al país sobre las acciones realizadas durante este año.

Las tarifas del impuesto al valor agregado (IVA) varían entre países. En Costa Rica, este impuesto tiene una tasa del 13%; sin embargo, hay otras naciones en donde llega hasta un 27% o cae hasta el 4,5%

La austeridad fiscal “ortodoxa” aplicada actualmente en Costa Rica compromete los objetivos de desarrollo humano y no ha logrado garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

El presupuesto del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá un faltante de ¢55.000 millones para el año 2025 correspondiente a ingresos por transferencias del Estado.