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Las deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no siempre se resuelven únicamente mediante el pago de las cuotas pendientes. También pueden surgir dudas sobre los períodos cobrados, los plazos de prescripción y la posibilidad de cuestionar montos que el trabajador independiente considera incorrectos.

Raymundo Volio, abogado experto en tributación, advirtió que el cierre del proceso representa una oportunidad para que miles de trabajadores independientes regularicen su situación ante la seguridad social.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recibirá hasta las 11:59 p.m. del próximo miércoles 11 de noviembre las solicitudes de condonación de multas, recargos, intereses y facturas por servicios médicos que presenten patronos y trabajadores independientes con deudas ante la institución.

La desaceleración del crecimiento de las zonas francas y la pérdida de empleos en el sector continuarán como consecuencia de la apreciación del tipo de cambio, principalmente en una actividad, advirtió un especialista.

El próximo 11 de noviembre vence el plazo para acogerse a la condonación de multas, recargos, intereses y determinadas facturas por servicios médicos adeudados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Caja señaló que está dispuesta a revisar la información con el Ministerio de Hacienda, aclarar diferencias y buscar mecanismos para que el Estado reconozca y pague sus obligaciones.

Una persona asalariada aporta actualmente un 5,50% de su sueldo al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y un 4,33% al IVM, para una contribución conjunta del 9,83%. En el caso de los trabajadores autónomos, la tasa varía según el nivel de ingresos y oscila entre 7,05% y 19,11% para ambos seguros.

Mes a mes, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cobra a miles de patronos y trabajadores las cuotas destinadas a financiar pensiones y servicios de salud. Sin embargo, los porcentajes aplicados por la institución no están respaldados por los cálculos actuariales que exige la ley para determinar el costo de los servicios y sustentar esos aportes.

Reconocer públicamente el monto exacto de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, más importante aún, establecer una forma de pago es el punto de partida que estableció el Partido Liberación Nacional (PLN) para negociar el proyecto de eurobonos que demanda la presidenta Laura Fernández.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lleva más de un año sin contar con estados financieros institucionales aprobados.

Los magistrados de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmaron una sentencia según la cual la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no puede hacer cobros retroactivos a los trabajadores independientes, para saldar supuestas diferencias en sus cuotas a la seguridad social, únicamente a partir de la revisión de sus declaraciones del impuesto sobre la renta.

El gasto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podría superar al del Gobierno Central en los próximos años si se mantiene la tendencia sostenida al alza que ha registrado la institución en materia presupuestaria, según advirtió la Contraloría General de la República (CGR).

La representación patronal en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) respaldó una serie de reformas para flexibilizar el aseguramiento de trabajadores independientes, en un intento por reducir las barreras que hoy mantienen a cientos de miles de personas en la informalidad laboral.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron la incorporación de los pañales desechables para niños y adultos mayores en la canasta básica de Costa Rica con el objetivo de reducir el impuesto al valor agregado (IVA) de trece a uno por ciento sobre su venta.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Costa Rica impulsar reformas integrales en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social y reducir los riesgos fiscales que enfrenta el país.

Dos semanas antes de activar su nuevo sistema contable, ERP-SAP, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue advertida de que la puesta en marcha de la plataforma podía afectar la vida y seguridad de pacientes, así como el abastecimiento de medicamentos y los controles financieros. Pese a ello, la institución autónoma avanzó con la implementación.

Si usted trabaja como asalariado en Costa Rica o tiene empleados contratados, debe saber que todo salario conlleva cargas sociales: descuentos obligatorios sobre el sueldo y aportes que también deben hacer los patronos.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó esta noche que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial acogió una medida cautelar provisionalísima que suspende los efectos de las órdenes giradas por la Contraloría General de la República a la CCSS, relacionadas con la implementación del ERP-SAP

Pese a la oposición del Gobierno, la mayoría de diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa avaló este miércoles destinar $49 millones de dos créditos de apoyo presupuestario al pago de la millonaria deuda que el Estado mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) abrió una nueva puerta para que miles de patronos y trabajadores independientes puedan ponerse al día con sus deudas.

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atraviesa una crisis institucional derivada de la implementación “forzada” del nuevo sistema contable ERP-SAP. Desde su puesta en marcha, la entidad ha enfrentado desajustes en el registro de medicamentos, inconsistencias en los registros financieros e incluso interrupciones en algunos servicios.

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica reitera que con la medida que aplica a partir del 1 de setiembre, el Ministerio de Hacienda puso en marcha la nueva versión de Comprobantes Electrónicos versión 4.4, que modifica los requerimientos de información que se solicitan en los comprobantes, incluyendo la obligación de indicar el medio de pago, entre estos se destaca la inclusión del Sinpe Móvil y la plataforma digital.

La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría a los estados financieros consolidados del Gobierno de la República para el periodo 2024 y emitió un dictamen dirigido al Ministerio de Hacienda.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) al concluir la consulta del Artículo IV para Costa Rica advirtió al ministerio de Hacienda, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a la Asamblea Legislativa que deben aclarar los montos que le corresponde pagar al gobierno de la deuda con la seguridad social.

El Ministerio de Hacienda reafirmó que el Gobierno sí ha girado recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en cumplimiento de obligaciones creadas por leyes especiales sin contenido presupuestario, como parte de su compromiso con la seguridad social.

“De cada 100 trabajadores independientes que tenemos registrados, 45 están morosos; esto quiere decir que tenemos 55 que están habilitados para recibir servicios sin costo alguno. Los demás que están morosos si van a recibir una consulta, tienen que pagar previamente y, en caso de una emergencia, se les tiene que atender y se les hace una factura y esa factura de servicios médicos es la que a veces termina siendo de un monto más alto que la misma deuda de las cuotas, por eso la condonación de servicios médicos ha tenido mucho impacto”, afirmó Picado.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó una reforma al reglamento que regula la aplicación de la Ley n.° 10.232, denominada “Ley de autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales”.

Varios miembros de la Asamblea Legislativa acusaron al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen, de haber incurrido en tácticas de "manipulación" para que el nivel de la deuda del gobierno bajara del umbral del 60% del producto interno bruto (PIB) al cierre del 2024, lo que exonerará el gasto en inversión pública de la regla fiscal, y permitirá descongelar los salarios y las pensiones públicas.