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A pesar de las promesas del Ejecutivo y de los reclamos en la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda mantiene sin girar los ¢3.300 millones comprometidos con la Cruz Roja Costarricense. La retención de estos recursos —provenientes de leyes vigentes y una modificación presupuestaria— agrava la crisis financiera de la benemérita institución, que hoy opera con la mitad de sus comités en números rojos, mientras atiende un promedio de una emergencia por minuto.

El Ministerio de Hacienda emitió una orden al Poder Judicial para que ponga a disposición de la Tesorería Nacional dos cuentas bancarias donde dicha entidad maneja intereses por depósitos judiciales.

Esa cantidad de dinero corresponde al total exonerado del pago de impuestos entre 2023 y 2025, según se indica en el proyecto «Ley régimen de beneficios fiscales y control del gasto tributario», presentado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el martes pasado.

Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, descartó que se efectúe una investigación en la entidad a raíz del portillo administrativo, abierto vía decreto ejecutivo en setiembre de 2024, que permitió importar vehículos con menor valor.

El Ministerio de Hacienda presupuestó ¢1.895 millones más para el pago de salarios y remuneraciones durante 2027.

El presupuesto nacional del próximo año, que asciende a ¢12,4 billones, se financiará mayoritariamente con ingresos provenientes de la recaudación de impuestos.

El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.736) que propone una amplia reforma a la Ley General de Aduanas (Ley 7557), entre cuyos principales cambios figura elevar de $5.000 a $20.000 el umbral para que el contrabando constituya un delito y trasladar los casos de menor cuantía al régimen de infracciones administrativas cuando corresponda.

El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.737) para permitir al Ministerio de Hacienda corregir el valor fiscal de vehículos cuando detecte diferencias significativas entre el monto utilizado como referencia tributaria y el valor promedio de mercado de automotores con características similares.

Las reformas fiscales impulsadas por el Poder Ejecutivo tendrían un efecto en el nivel de endeudamiento del Gobierno, pero no aliviarían por completo las presiones sobre la deuda, cuya relación con el producto interno bruto (PIB) se mantendría por encima del 60%.

La firma argumentó que el sistema especial le exige altos costos en alquileres y auditorías, además de que el clima de negocios nacional se ha visto afectado por presiones fiscales.

El Ministerio de Hacienda descartó que el plan fiscal que presentará al Poder Ejecutivo contemple nuevos impuestos o aumentos en las cargas tributarias actuales, según el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal.

Las principales cámaras del sector productivo costarricense instaron al Poder Ejecutivo a atender con prioridad la disputa comercial con Panamá y reiteraron el llamado a resolver las diferencias mediante el diálogo y el cumplimiento de las reglas del comercio internacional.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles que el presidente Donald Trump impuso al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), al determinar que esa norma no le permite fijar impuestos a las importaciones.

En Costa Rica, tanto empresas nacionales como extranjeras pueden acceder a los beneficios del Régimen de Zona Franca, que les permite gozar de exoneraciones fiscales. Para lograrlo, deben pactar con las autoridades el monto de inversión que realizarán y la cantidad de empleos directos que se comprometen a generar, entre otros requisitos.

Como todos los años, en el mes de abril del 2026, todas las personas jurídicas obligadas a realizar la declaración de beneficiario final ante el Banco Central de Costa Rica, tendrán que cumplir con ésta obligación, so pena de la millonaria multa de la que podrían ser objeto, ya que la sanción pecuniaria equivalente al 2% de los ingresos brutos del período fiscal anterior, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base

La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó este miércoles dos de las tres reformas legales propuestas por el Poder Ejecutivo para ajustar el funcionamiento del nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria, Tribu-CR.

La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría a los estados financieros consolidados del Gobierno de la República para el periodo 2024 y emitió un dictamen dirigido al Ministerio de Hacienda.

Una corte federal bloqueó este miércoles la imposición de aranceles generalizados por parte del presidente Donald Trump, al considerar que excedió su autoridad al invocar poderes de emergencia para regular importaciones, lo que representa un revés significativo para una de las políticas económicas centrales de su segundo mandato.

La agenda fiscal que propuso el Gobierno en 2022 fracasó en la Asamblea Legislativa debido a la torpeza del Poder Ejecutivo para negociar con las bancadas de oposición.

Diputados de oposición sepultarían un proyecto de ley impulsado por el Gobierno para otorgar amplias facultades de gestión, control, supervisión, sanción y cobro a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.

La reducción en el impuesto selectivo de consumo anunciada por el Poder Ejecutivo y los ajustes recientes en el impuesto sobre la renta no abren espacio a una recuperación de los ingresos tributarios, que han desacelerado desde 2023.

El Ministerio de Hacienda reconoció este viernes 4 de abril que los ingresos del gobierno aún no recuperan el ritmo esperado, según el resultado de las cifras fiscales al cierre de febrero de este año

Diputados de distintas agrupaciones políticas reclaman falta de claridad en el plan del Ministerio de Hacienda para cobrar a los comercios las retenciones del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) sobre las transferencias realizadas por medio de Sinpe Móvil.

El Poder Ejecutivo informó que no vetará el proyecto de ley que reduce el impuesto de renta a trabajadores independientes. El expediente de ley 23578 fue aprobado el pasado 24 de febrero y de inmediato se sospechó de la posibilidad de que el Gobierno decidiera vetarlo.

Una reforma impulsada por el Partido Liberal Progresista (PLP) pretende dejar sin efecto un decreto del Poder Ejecutivo que le permitirá al Ministerio de Hacienda cobrar a los comercios las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre transferencias por medio de Sinpe Móvil.

Según Volio, el problema radica en que un trabajador independiente comienza a pagar el ISR al superar ingresos de ¢348.000 mensuales, mientras que un asalariado solo lo hace cuando sus ingresos superan los ¢900.000 al mes. Por ende, la reforma, se busca disminuir esta diferenciación y generar un mayor alivio fiscal para quienes operen bajo la modalidad independiente.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron aplicar una rebaja del Impuesto sobre la renta para los trabajadores independientes. El texto se aprobó en primer debate desde el 24 de septiembre pasado; sin embargo, luego fue enviado a consulta de la Sala Constitucional, ante la oposición del Gobierno de la República.

Por segundo año consecutivo, los tramos sobre los que se cobra el impuesto de renta se ajustaron a la baja por deflación.

El Poder Ejecutivo presentará la otra semana el tercer proyecto de ley con el cual pretende poner en venta el Banco de Costa Rica (BCR).